Los funcionarios judiciales del país recordaron hoy a los centenares de colegas que han sido víctimas de la violencia y la intimidación en los últimos veinte años, incluidos 287 asesinados, con una jornada nacio-nal de protesta por el homicidio de la jueza Gloria Constanza Gaona.
Publicado por: COLPRENSA
La protesta, convocada por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), que reúne a unos 41 mil trabajadores, trastornó las actividades en las sedes judiciales de los principales centros urbanos del país.
En Colombia, "todos los funcionarios judiciales estamos en el ojo del huracán", dijo el presidente de Asonal Judicial, Nelson Cantillo.
El acto central tuvo lugar en el Complejo Judicial de Paloquemao, en el centro de Bogotá, donde las fachadas de los edificios fueron cubiertas con telas negras en señal de luto.
"Hemos puesto una cuota de sangre muy grande en el país, de las más grandes del mundo, si se tiene en cuenta que desde hace 20 años han sido asesinados 287 funcionarios de la rama judicial, lo que nos da un promedio mensual de un homicidio", afirmó Cantillo.
Para ilustrar el problema y en recuerdo de las víctimas el Fondo de Solidaridad con la Rama Judicial (Fasol) desplegó en la plazoleta del Complejo de Paloquemao una galería con fotos de 160 de los asesinados.
Eran pendones con fotografías de magistrados, jueces, fiscales y otros funcionarios que quedaron registrados en pasajes familiares, tomas de estudio o instantáneas de documentos de identidad.
En 20 años 750 funcionarios judiciales han sido amenazados (220 de ellos en los últimos cuatro años), 42 fueron secuestrados, 39 desaparecidos, 39 impelidos al exilio y 31 obligados al desplazamiento.
Una realidad que Cantillo tradujo así: "son cifras escandalosas, cifras que aún no conmueven al Gobierno nacional, pero que a nosotros, en Asonal Judicial, ya nos tienen conmovidos y, precisamente por eso, hemos convocado a esta jornada nacional de protesta".
El activista destacó las condiciones en las que la jueza Gaona ejercía su tarea y también la manera como fue asesinada.
La magistrada recibió cinco tiros de arma de fuego de manos de un sicario que la abordó el pasado martes por la mañana, cuando se dirigía al despacho judicial del que era titular, el Juzgado Penal de Saravena, localidad del Arauca, conflictivo departamento petrolero y ganadero situado en la frontera noreste con Venezuela.
Ella llevaba allí 285 procesos judiciales por toda suerte de tipos penales, como rebelión (para casos de guerrilleros), concierto para delinquir (como paramilitarismo), narcotráfico e, incluso, de derechos humanos.
El crimen puso de relieve que la jueza tenía a cargo el caso de violación de una niña campesina y su asesinato junto a dos de sus cuatro hermanos, también menores de edad, en un paraje rural de Tame, población vecina a la de Saravena, el pasado octubre.
Yenni, de 14 años; Yimmy, de 9 años, y Yefferson Torres, de 6, aparecieron degollados y con signos de tortura en una fosa común distante unos cien metros del lugar en el que habían acampado unas tropas militares, según lo narró en su momento el padre de ellos, que entonces, como ahora, ha denunciado amenazas de muerte.
El oficial del ejército Raúl Muñoz, ahora inactivo, fue detenido por su implicación en los hechos y ha admitido responsabilidad en el abuso sexual de la niña, mas no en el triple homicidio.
El presidente de Asonal Judicial dijo que ni él ni su colectivo pueden hacer conjeturas sobre los motivos del crimen de la jueza.
Pero, eso sí, observó: "lo único cierto es que la forma tan vil, tan salvaje y tan brutal como fue asesinada es un mensaje subliminal que nos están mandando".
"Quieren acobardarnos", remarcó Cantillo.
Con esa opinión coincidió el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes (Andal), Abel Barreto, que se adhirió a la protesta como gesto de solidaridad.
"Como el dicho popular, al miedo no ha habido quien le haga los pantalones", dijo a Efe este letrado, para quien es urgente que el Estado preserve la vida de los funcionarios judiciales y del colectivo de abogados.
De lo contrario, "tendremos que retirarnos o acomodarnos a la voluntad de los que tienen la pistola en la mano", admitió Barreto.
