jueves 30 de octubre de 2008 - 10:00 AM

535 ejecuciones extrajudiciales hubo en Colombia, en 18 meses

Un informe presentado por las 199 organizaciones no gubernamentales que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, reveló que un total de 535 de ese tipo de casos se presentaron entre enero de 2007 y junio del presente año. Lo preocupante de todo es que el 93.7 por ciento de las víctimas, es decir 443 personas, habrían sido ejecutadas por integrantes del Ejército.

 La investigación, titulada 'Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable', dada a conocer ayer, muestra que 519 víctimas son hombres y 16 mujeres.
El 50 por ciento del total de los cuerpos tenían edades entre los 18 y 30 años, el 22 por ciento de 31 a 42 años y un 16.9 por ciento entre 43 y 60 años. En los casos de menores de 17 años, hay un porcentaje del 8.1 por ciento.

Los resultados también demostraron que la mayoría de las víctimas son campesinos (165), luego agricultores (18), líderes comunales o sociales (17), obreros (12), comerciantes (11), indígenas (10) y estudiantes (6).

Así mismo, se conoció que los departamentos con mayores denuncias son Santander con 67 y Antioquia con 65.

Detrás de estos departamentos se encuentran Meta con 46 casos, Huila 42, Putumayo 38, Cauca 35, Arauca 31, Caquetá 25 y Casanare con 24 casos. 'Resulta preocupante constatar que estas regiones prácticamente coinciden con los lugares en donde se han localizado las principales acciones del Plan Colombia', reza el informe de las ONG’S.

COMISIONADA DE LA ONU RESPALDÓ PURGA MILITAR


La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien se encuentra de visita en Colombia desde el pasado lunes hasta el próximo sábado, respaldó la decisión del Gobierno de destituir 27 militares involucrados en las desapariciones de 11 jóvenes en Soacha, Cundinamarca.

Al término de su reunión con el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, Pallay dijo que concuerda con lo expresado en el sentido de que sea la Fiscalía y la Procuraduría los encargados de investigar los casos.

Sin embrago, le recomendó al Gobierno recoger su propuesta del informe de 2007, sobre 'insistir en los esfuerzos para erradicar las ejecuciones extrajudiciales, adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas situaciones en las que se hubiesen presentado hechos de tal naturaleza'.

Pallay pidió fortalecer la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía para esclarecer, 'en el menor tiempo posible, todas las denuncias presentadas por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas'.

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