viernes 22 de enero de 2010 - 4:52 AM

Abogados de víctimas de masacre de Apartadó denuncian irregularidades en el proceso

Abogados de las víctimas de la masacre de Apartadó interpondrán un derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura para pedir que se nombre un juez de descongestión, con el fin de evitar la posible libertad de los militares involucrados en los hechos, por vencimiento de términos.



A través de dicho recurso, los abogados piden que sea designado un Juez de descongestión a fin de que la titular del Juzgado Segundo Especializado de Antioquia conozca con exclusividad, durante el periodo que fije la Sala Administrativa, el proceso sobre la masacre de Apartadó en la que están involucrados 11 militares, entre ellos el mayor José Fernando Castaño López, el teniente coronel Orlando Espinosa Beltran y el capitán Sabarain Cruz Reina, todos en retiro.

Otra de petición de los abogados es que sean exhaustivamente investigados los hechos que han permitido o posibilitado la dilación del juicio, entre ellos el relacionado con el extravío del expediente, en la oficina de apoyo en la ciudad de Medellín, y que el Presidente de la República, Álvaro Uribe, imparta instrucciones precisas y perentorias a sus integrantes, a efectos de que se abstengan de promover actos que puedan significar dilación, obstrucción u obstaculización de la justicia.

La masacre de Apartadó fue ejecutada en contra de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005.

En este hecho fueron asesinados cuatro menores de edad de 18 meses, 5, 10 y 17 años, y cuatro adultos, entre ellos Luis Eduardo Guerra, líder la Comunidad de Paz, probablemente en una acción conjunta adelantada por personal de la Brigada XVII del Ejército Nacional e integrantes del Frente Héroes de Tolova de las Autodefensas, al mando de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’.

De acuerdo con el abogado de unas víctimas, Jorge Eliécer Molano, desde el 26 de febrero de 2009, la Fiscalía General de la Nación dictó resolución de acusación en contra de los integrantes del Ejército Nacional implicados, como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir.

El 15 de diciembre 2009, durante la audiencia de juzgamiento, el Fiscal Séptimo Especializado adscrito a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, advirtió sobre la pérdida de nueve cuadernos del expediente, los cuales habían sido remitidos como prueba trasladada.

"Dichos cuadernos contenían entre otros, las confesiones de tres integrantes del Frente Héroes de Tolova, las indagatorias de tres Coroneles del Ejército Nacional y el testimonio de Hevert Veloza, conocido como ‘H.H.’, quien denunció los aportes en dinero hechos al Ejército Nacional, para el pago de testigos, que desviaran el curso de las investigaciones. Esto generó que dicho día, la audiencia de juzgamiento fuera suspendida", resaltaron los abogados en el derecho de petición.

La demora, según los abogados, podría desembocar en la libertad para los militares implicados por vencimiento de términos, si no se llega a sancionar las posibles maniobras dilatorias de la defensa de éstos.

"Es inadmisible, en el marco de un Estado Social, Democrático y de Derecho, que personas acusadas de Crímenes contra la Humanidad, puedan verse beneficiadas de libertades provisionales, en razón de actos dolosos de encubrimiento de pruebas", señaló el derecho de petición.

Incluso, los abogados de las víctimas sostuvieron que dadas las características de los crímenes en contra de la comunidad afectada, es claro que se trata de un crimen de lesa humanidad, que demanda de las autoridades adelantar la investigación con "seriedad y prontitud y no como una mera formalidad condenada a ser infructuosa de antemano".

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