La empresa funcionaba en Caracas con unos 300 clientes como comercializadora de tarjetas de crédito prepago, para ser utilizadas en determinados comercios y que recompensaba con puntos. Además ofrecía la venta de bienes y servicios a través de una firma denominada JLB Comercializadora.

"El contrato de adhesión no está registrado ni autorizado por la Superintendencia de Bancos y hay una serie de irregularidades en el cobro de comisiones", señaló Samán.

El funcionario indicó que durante el proceso de sustanciación del caso se determinará si se realiza una devolución del dinero invertido a los clientes en Venezuela.

El gobierno colombiano declaró ayer la emergencia social debido a la estafa a miles de personas que invirtieron su dinero en "pirámides financieras" de empresas ilegales que captan dinero y ofrecen hasta 300% de rentabilidad.

DMG es considerada una de las más importantes de esas firmas.

Las autoridades colombianas sospechan que DMG, que dice tener unos 200.000 ahorradores y ofrecía rentabilidades de hasta el 150%, usaba recursos provenientes del lavado de activos del narcotráfico.