sábado 08 de mayo de 2010 - 1:24 AM

Contraloria denuncia irregularidades en contrato de brazaletes del Inpec

El Contralor General, Julio César Turbay Quintero, denunció que en el contrato que hizo el Inpec para obtener los brazaletes de seguridad para los presos con detención domiciliaria, hubo un incumplimiento que supera los 10 mil millones de pesos.

El Contralor, que se abstuvo de mencionar el nombre de la empresa encargada de fabricarlas, manifestó que no se ha podido utilizar todas las manillas, además de que se ha demostrado que no hay una reacción oportuna cuando se activan las alarmas que indican que los detenidos violaron la detención domiciliaria.

"En el contrato de los brazaletes hay unos anticipos, adelantos económicos hechos a la empresa que no ha cumplido con el propósito de los mismos brazaletes y que demuestra que existe un incumplimiento que supera mas de 10 mil millones de pesos, ya que estos brazaletes no se pudieron utilizar en su totalidad en la primera etapa y demuestran que no han funcionado y que no están cumpliendo con su misión", señaló el Contralor.

Turbay explicó que la Contraloría denunció que los brazaletes no están cumpliendo con su propósito, pero advirtió que hay que esperar que se confirme que estas irregularidades son un hecho y que será en ese momento cuando se hará la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal.

El funcionario de control también aclaró que la entidad que tendría que responder por el contrato y sus irregularidades sería el Inpec, ya que fue la que se encargó de hacer la contratación directamente.

Así mismo, dijo sentirse muy preocupado por el desconocimiento que tiene el Inpec sobre los nombres de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

"Nos parece preocupante la situación de que en el país el Inpec no tenga claridad sobre los nombres de las personas que hoy se encuentran privadas de la libertad, bien sea cumpliendo una condena o bien sea como personas detenidas", consideró.

Por esta razón la Contraloría creó un grupo de reacción inmediata que se encargará de hacer la investigación para identificar a toda la población carcelaria de Colombia.

Esta decisión fue adoptada por las denuncias hechas según las cuales hay 28 mil personas no identificadas plenamente, cifra que equivale al 30 por ciento de la población detenida en Colombia.

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