sábado 08 de noviembre de 2008 - 10:00 AM

Correos electrónicos no son prueba

Los correos electrónicos no pueden ser utilizados como prueba en procesos judiciales si no están avalados por una autoridad competente y mucho menos si no han sido autorizados por la persona a la que van dirigidos.

Así lo consideró la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas, al darle la razón a *Mauricio un hombre quien mantiene un proceso de separación con *Clemencia, su esposa, por cuenta de un mail que la mujer esgrimió en el juicio y con el cual pretende demostrar la infidelidad de su esposo.

Para la Corte, es claro que ese tipo de documentos no puede ser obtenido sin una orden judicial previa y agregó que ésta última no puede violar el derecho a la intimidad de la persona propietaria del correo, inclusive cuando, como en este caso, el correo electrónico sea compartido.

En tal sentido, señaló que la interceptación de ese tipo de comunicaciones no es válida sin cumplir con los parámetros legales, a pesar de lo cual debe contar con la autorización de la persona propietaria del mail, so pena de violar derechos fundamentales como lo es la intimidad.

'La circunstancia de que exista consentimiento entre personas, en este caso entre cónyuges, para utilizar la misma cuenta de correo electrónico, además de no encontrarse probada, no es una razón suficiente para darle validez o eficacia probatoria a los mensajes de datos aportados al proceso judicial', dijo la Corte.

AUTORIZACIÓN DEL JUEZ

Frente a la posibilidad de que se cuente sólo con la aprobación del juez de cara a la revisión del correo electrónico, la Sala consideró que en casos como el estudiado siempre se deben garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Al respecto señaló que 'la sola existencia de un mandato judicial destinado a interceptar o registrar correspondencia o comunicaciones privadas, no se constituye, de por sí, en una habilitación suficiente para vulnerar el derecho a la intimidad'.

Por ello, agregó, en el hipotético caso de que la funcionaria judicial pueda ordenar la práctica de pruebas, deberá tomar en cuenta que su facultad no es ilimitada o absoluta, pues en un momento determinado puede llegar a invadir la intimidad del afectado con la medida.

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