jueves 18 de febrero de 2010 - 12:47 AM

Corte Suprema frena las extradiciones de vinculados a delitos de lesa humanidad

Un fallo sin precedentes acaba de cerrarles la puerta a las extradiciones de nacionales colombianos comprometidos con delitos de lesa humanidad; por lo menos, mientras redimen a sus víctimas con verdad, justicia y reparación.



Se trata del concepto desfavorable entregado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el caso del ex jefe paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, quien es reclamado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para que comparezca por delitos de narcotráfico.

'En aras del imperio de la justicia nacional, el respeto de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos y la efectividad de los derechos fundamentales, el Gobierno colombiano no puede extraditar al ciudadano colombiano Edwar Cobos Téllez', señaló la Sala Penal en su concepto.

La Corte considera que en caso de procederse con la extradición, sin que se den los postulados de verdad, justicia y reparación para con los familiares de las víctimas del ex paramilitar, 'se vulnerarían las obligaciones internacionales del Estado colombiano dirigidas a la lucha contra la impunidad, respecto de los delitos de lesa humanidad que en Colombia se le imputan al requerido en extradición'.

'Resultarían gravemente afectados los derechos de las víctimas y la sociedad colombiana, que quedarían sin posibilidades de conocer la verdad y obtener reparación por los crímenes cometidos por el grupo armado ilegal, cuya pertenencia se le atribuye al señor Cobos Téllez', agregó la Corte en su negativa.

Esa no es la única salvedad que se hace en la sentencia. En el mismo pronunciamiento, la Corporación señala que en cualquier caso el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los delitos que el requerido hubiere podido haber cometido en territorio extranjero y por los cuales se solicita su extradición.

A pesar de esta decisión, la Corte es contundente al considerar que esta no es una patente de corso para que el desmovilizado o cualquier reclamado en extradición piense que con la dilación a los procesos con los que debe cumplir, se podrá librar de su envío a otro país.

En este sentido, el fallo hace varias salvedades: 'En los eventos en que el postulado requerido en extradición no contribuya con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas que de él se reclama, que incurra en causal de exclusión del trámite y beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que resulte absuelto por los delitos que se le imputan, que incumpla las obligaciones y compromisos derivados de la pena alternativa u ocurra cualquier supuesto similar a los anteriores, quedarán sin sustento los argumentos que ahora han llevado a emitir un concepto desfavorable a la petición de extradición'.

De esta manera, casos similares a los de Cobos Téllez, muy seguramente, correrán la misma suerte, tanto en cuanto al freno para su salida del país por extradición, como frente a la posibilidad de que en caso de incumplir el concepto, la decisión dé un giro favorable para la extradición.

Este pronunciamiento se da después de varios fallos en los que a pesar de llamar la atención por parte de la Corte, para que las extradiciones no se concedieran hasta tanto los implicados cumplieran sus deberes y obligaciones, las mismas se estaban concediendo, dejando en vilo a las víctimas.

A esto se suman las dificultades que los jueces han tenido para adelantar las diligencias en que están implicados cerca de 20 ex jefes paramilitares que fueron extraditados a los Estados Unidos.

Así las cosas, la Corte Suprema procura velar por los derechos de las víctimas y por la justicia que debe primar en cualquier proceso judicial, sin cerrar la puerta de las extradiciones.

La petición
Con la sentencia, las intenciones del gobierno de los Estados Unidos de procesar en ese país a Cobos Téllez, deberán aplazarse.

Las acusaciones contra alias ‘Diego Vecino’ fueron sustentadas en las declaraciones entregadas por Benjamin Naftalis, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos de América para el distrito Sur de Nueva York y por John Barry, Agente Especial de la Agencia para el Control de Drogas (DEA).

La acusación contra el ex paramilitar fue presentada el tres de marzo de 2009 ante la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York.

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