jueves 15 de enero de 2009 - 10:00 AM

Crece la polémica por ofertas del Gobierno a guerrilleros

Tras una semana de que el Gobierno Nacional modificara los artículos uno y 61 de la Ley de Justicia y Paz, para garantizar la excarcelación a los guerrilleros que se entreguen con secuestrados, hay un intenso debate jurídico ante la posibilidad abierta por el presidente Uribe para que hasta Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’, se vea beneficiado.

Cuando hace un mes el Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, anunció que 'cualquiera, incluso un integrante del Secretariado de las Farc', podría gozar de libertad y recompensa, las críticas no se hicieron esperar, ahora fue el Presidente el que puso el argumento sobre la mesa, desde Washington.

Expertos en leyes aseguran que una vez más el Primer Mandatario 'se quiere pasar por encima la justicia y las víctimas', ya que el prontuario de algunos guerrilleros, en especial los del secretariado, dan cuenta de delitos de lesa humanidad.

LA VOZ DEL EXPERTO
Rafael Nieto / Ex viceministro de Justicia


'Este tipo de crímenes no puede quedar impune. Se requiere, por lo menos, una mínima privación de la libertad. Con el simple hecho de conocer los antecedentes de un cabecilla queda claro que no puede haber ningún mecanismo jurídico que haga borrón y cuenta nueva.

Aunque el Gobierno ha dejado claro que no es amnistía, ni indulto, dejar en libertad y dar recompensa es casi olvidar el daño causado con anterioridad.

Sin embargo, no dudo que el Ejecutivo buscará todos los mecanismos necesarios para cumplir con su anuncio, incluso en el caso que se entregaran cabecillas.
Ningún tribunal internacional se va a meter a fondo en el asunto (…) el tema humanitario y en especial de las liberaciones tiene mucho peso en el exterior.

LA VOZ DEL EXPERTO
Alfredo Beltrán Sierra / Ex presidente de la Corte Constitucional


'Esta propuesta es como sustituir arbitrariamente la rama judicial. En caso que el guerrillero haya cometido delitos comunes no habría problema, sin embargo ante los crímenes atroces la lógica supondría que serían castigados. Por lo menos por respeto a las víctimas.

Un ejemplo es el caso ‘Isaza’, guerrillero del que el Fiscal General ordenó que se diera por terminado el proceso en su contra, porque no se le investigaba por delitos atroces. Pese a estos argumentos, otra cosa piensa el ex procurador Jaime Bernal Cuellar quien dice que la propuesta del Presidente es ‘una fórmula’ para lograr la desmovilización guerrillera, de la mano con la libertad de todos los secuestrados.

Para esto está bien utilizada la Ley de Justicia y Paz, por que ahora la idea es contemplar un sin número de beneficios para estas personas'.

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