lunes 27 de julio de 2009 - 2:55 AM

Destituyen a 11 miembros de la Fuerza Pública por relación con las Auc

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a ocho miembros de la Policía, dos del Ejército y un Técnico Judicial de la Fiscalía, al encontrarlos disciplinariamente responsables de colaboración con las Autodefensas Campesinas de Casanare, cuando estuvieron adscritos al departamento de Boyacá para los años 2002, 2003 y 2004.

Los miembros de la Policía cobijados con la medida fueron el sargento Jorge Eliécer Rodríguez Ramírez, el subcomisario Rubén Darío Vargas Marín, el agente Hernando Acevedo Naranjo, el subintendente Armando Albarracín Prieto, el subintendente Luís Hernando Alfaro Lora, el subintendente Gerson Ardila Lindarte, el subintendente Jorge Eliécer Bedoya Cañas y el agente Roso Carreño Gómez.

Por parte del Ejército están implicados los agentes de Inteligencia del Ejército Edilberto Fonseca Niño y Luis Eberto Díaz Molano. Y por último, el técnico Judicial de la Fiscalía Rodrigo Alfonso Caro Cristancho.

Las autoridades indicaron que todos ellos prestaron, a cambio de remuneración en dinero, colaboración a las Autodefensas al mando de alias Martín Llanos.

De acuerdo con la investigación, los funcionarios suministraron y ocultaron información que coadyuvó para la comisión de hechos delictivos, como muertes selectivas contra indigentes, drogadictos y delincuentes, ajustes de cuentas y extorsiones, entre otros, en jurisdicción de los municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama y Paipa en el departamento de Boyacá.

Para el Ministerio Público, una vez valorado el material probatorio aportado al proceso, se pudo llegar a la certeza legal y objetiva sobre la existencia del ilícito disciplinario.

En el fallo de primera instancia, el órgano de control señaló que con esta conducta se afectó de forma directa e inequívoca la finalidad misma de la Función Pública en cabeza la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, 'porque bajo ningún aspecto puede permitirse que las Entidades Públicas legalmente constituidas por el Estado para cumplir con sus fines, acudan a vías de hecho para el logro de sus propósitos'.

Contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

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