martes 19 de enero de 2010 - 7:41 PM

Empresarios rechazan la expropiación del Éxito

Analistas, empresarios y hasta ciudadanos del común se mostraron preocupados por la decisión del Gobierno venezolano de expropiar la cadena de almacenes Éxito. Afirman que la medida afecta a todo el sector privado.



Empresarios y algunos analistas calificaron la decisión del Gobierno del presidente Hugo Chávez de expropiar Hipermercados Éxito como inconveniente e inconstitucional y creen que de continuar este tipo de medidas, se llevará el mercado nacional a la ruina.

Pese a las críticas, el lunes continuaron las visitas de las autoridades a las tiendas que aún permanecían abiertas con el objeto de detectar cualquier irregularidad en materia de demarcación de precios o especulación.

Un escueto comunicado de Cativen, Cadena de Tiendas Venezolanas, indicó que se mantenían las operaciones administrativas y comerciales en normalidad "en espera de las instrucciones de la casa matriz" en Francia.

Durante varias horas, los directivos de la empresa en la capital venezolana se reunieron para analizar la situación, que no sólo los tomó por sorpresa a ellos sino en general a muchos venezolanos y colombianos, quienes tenían la esperanza de que no se llegara a este punto, a pesar de que ya se habían presentado amenazas.

Después de que el ministro de Comercio, Eduardo Samán, asegurara que los trabajadores estaban felices por la expropiación, un grupo de empleados en Caracas protestó en las calles por la medida.

Elena Vates dijo a los medios que ellos tienen "derecho a tener un trabajo y un salario. No es posible que como el Gobierno no puede crear nada, porque todo lo que toca lo destruye, entonces ahora quieren una cadena nacional con la cobertura que tiene la cadena Éxito".

Un asesor de empresas colombianas dijo que el Gobierno venezolano no sabe cómo, no ha podido construir una infraestructura para hacer efectivo su proyecto socialista ahora tiene la política de "tomar lo que está hecho sin respetar el estado de derecho y el desarrollo de la empresa privada".

Desde otros sectores también se escucharon pronunciamientos en contra de esta decisión, de la cual dicen "hace ver a Venezuela como un país peligroso para invertir". Ese fue el planteamiento de Víctor Maldonado, de la Cámara de Comercio en Caracas. Apuntó que hay un cerco contra la empresa privada y que los pequeños comerciantes reciben constantes visitas de las autoridades.

Por su parte, Daniel Montealegre, presidente de la junta directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, calificó el anuncio como "lamentable" y pidió que se les permita a los empresarios el derecho a la defensa.

Hace unos días en diálogo con El Colombiano, Montealegre dijo que no estaba de acuerdo con que haya especulación ni que se irrespeten las normas, pero insistió en la necesidad de que antes de cualquier decisión se haga una investigación de los hechos.

Por su parte, Tulio Hidalgo, vicepresidente de Fedecámaras, calificó la medida como un retroceso a las posibilidades de buscarle una solución a los problemas que tiene el país y añadió que afecta a toda la cadena de inversionistas, trabajadores y proveedores, lo que tendrá incidencia en el desempleo.

El ministro Samán defendió la medida cojmo una herramienta frente a la presunta "conducta generalizada" de algunos empresarios de sobrefacturar productos y "llenarse de dólares petroleros".

El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rodrigo Cabezas, dijo que el capital privado nacional o extranjero "no tiene en esta sociedad patente de corso para burlarse de las grandes mayorías o saltar la talanquera de la legalidad" a propósito de la expropiación de la cadena francesa. Ahora hay un Estado regulador que controla y representa los intereses de los sectores populares, precisó.

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