sábado 16 de mayo de 2009 - 3:26 AM

Fiscalía pide aseguramiento contra seis militares por falsos positivos

Tras revelar las pruebas que involucran a 6 militares de Norte de Santander en la desaparición de 2 de los 11 jóvenes de Soacha (Cundinamarca), la Fiscalía solicitó su medida de aseguramiento.

Los involucrados son el mayor Mauricio Blanco Barbosa; el cabo Manuel Ángel Zorrilla y los soldados profesionales José Ceballos, Juan Gabriel Espinoza, Luis Alirio López y Kebis Alberto Escalante, quienes habrían participado en la desaparición y muerte de dos jóvenes de Soacha, uno de ellos menor de edad. Todos pertenecían a la Brigada Móvil número 15 de la guarnición de Ocaña, Batallón Santander.

'No quiero saber que estas personas sigan manejando armas y empañando la función pública. Ellos son un peligro para la comunidad y no pueden seguir desempeñando funciones públicas', dijo el fiscal delegado, Álvaro Galindo.
 
Así como la Fiscalía, la Procuraduría también pidió, dentro de la audiencia de hoy, medida de aseguramiento al considerar que 'han traicionado el uniforme y no dan seguridad a la comunidad'.

A ellos se les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada, falsedad en documento público, homicidio agravado y fraude procesal.

Las víctimas de este hecho son Jhonathan Orlando Soto, de 17 años de edad, y Julio César Mesa Vargas, de 24, quienes desaparecieron el 26 de enero de 2008 y fueron presentados por los militares como muertos en combate un día después.

Al parecer, según las investigaciones de la Fiscalía, estos delitos se desencadenaron por el 'afán de mostrar resultados ante su Brigada'. De acuerdo con las investigaciones, cada unidad premiaba a los militares con permisos de salidas por presentar a víctimas en combate.

Pero detrás de los informes que ellos mostraban para ser favorecidos había un 'negocio muy bien estructurado'.

Los hoy acusados presentaron a estos dos jóvenes como muertos en combate y señalaron que no estaban identificados, por lo que había que llevarlos a fosas comunes, marcados como NN.

En el informe posterior estos seis militares, reveló la Fiscalía, dijeron que el combate había durado entre 10 y 15 segundos, durante los cuales habían gastado 250 cartuchos de bala. Para la Fiscalía, 'hay evidencias que hubo fusilamiento más no enfrentamiento' y que los hechos no corresponden a un operativo militar sino a un 'montaje'.

El Fiscal que lleva el caso sostuvo que los estudios prueban que las balas no son compatibles y que en las pruebas de medicina legal se descubre quienes fueron los reclutadores.

Por los dos jóvenes que habrían 'fusilado', insiste la Fiscalía, les pagaron dos millones de pesos, es decir, un millón por cada uno. Además de ese dinero, recibieron 200 mil pesos destinados al transporte.

Y para argumentar que efectivamente habían sido muertos en combates les pusieron armas en sus manos, las cuales 'eran conseguidas por los mismos miembros del Ejército', señaló uno de los informes de la Fiscalía.

Pese a estas pruebas reveladas por la Fiscalía, ninguno de los acusados aceptó su responsabilidad en los cargos que se les imputaron.

Informes del batallón también revelan inconsistencias

La Fiscalía reveló que los informes presentados por la oficina de Derechos Humanos del Ejército establecieron que la única finalidad de la metodología utilizada por los militares, era obtener bajas en combate; más puntualmente para 'traer muchachos para mostrarlos como muertos en combate', señaló el fiscal.

Las pruebas de la Fiscalía son soportadas por los informes de inteligencia del mismo Batallón de Santander, en los cuales se manifiesta que los documentos presentados por los 6 militares señalados para justificar los dos muertos en combate eran 'irregulares e inconsistentes'.

'Esas consideraciones son delicadas y dejan ver las irregularidades del operativo. Se pone presente que no hay sustentos del mismo y deficiencia en su planeamiento. No se compadece y tampoco se entiende lo que hizo el Ejército', precisó el Fiscal.

Agregó Galindo que 'llegaron a informar que por el combate había salido herido uno de los militares en un hombro'.

La estrategia

De igual manera dio a conocer la forma de delinquir de los uniformados: 'En todo este proceso de reclutamiento había una red de particulares allegados al batallón Santander y a la Brigada 15, de donde hacían parte los militares implicados', dijo el Fiscal.

Los reclutadores de la red se encargaban de identificar y convencer a los jóvenes a través de promesas remuneratorias y de trabajos, incluso, delictivos, de irse a otra ciudad, en este caso Ocaña.

'Es una estrategia clara con una metodología definida. Utilizaban muchachos de bajos recursos y con problemas para que accedieran a esa solicitud torciendo y manipulando sus criterios', dijo el fiscal delegado.

Los principales testigos de esta investigación son Pedro Díaz Games y Alexander Carretero, dos de los reclutadores de las dos víctimas de este caso, que voluntariamente decidieron colaborar con la justicia, y el sargento Jhon Jairo Muñoz.

En una diligencia, los dos sujetos confesaron haber reclutado y transportado por tierra a estos dos jóvenes. Aseguraron, según la Fiscalía, que 'los desplazamientos se llevaban a cabo a partir de las 7 de la noche con destino a la ciudad de Ocaña', en donde aparecieron muertos.

La Fiscalía señaló que los reclutadores dijeron también que 'ellos se encontraron con los militares, quienes los condujeron a un falso retén integrado por los 6 involucrados'.

Reveló que la excusa para dejarlos retenidos era la falta de documentos de identificación, pues éstos se los quitaron una vez llegaron a Ocaña.

'Las víctimas fueron entregadas al personal uniformado, en este caso al Capitán Blanco Barbosa', dijo el fiscal citando uno de los testimonios de los reclutadores.

Esas pruebas son tan sólo los primeros resultados del proceso contra los 6 militares.

Esta audiencia es la segunda que se realiza por el caso de los 11 desaparecidos de Soacha. La primera fue el pasado jueves contra 6 militares, dos de ellos oficiales, por la desaparición y homicidio de un joven discapacitado de Soacha.

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