jueves 06 de noviembre de 2008 - 2:00 AM

Fuerzas Armadas también deben responder por informantes

El deber que el Estado tiene para con sus soldados en caso de muerte, también debe extenderse al personal civil que cumpla funciones de informantes o colaboradores.

El pronunciamiento fue hecho por el magistrado Mauricio Fajardo Gómez, quien en un fallo del Consejo de Estado explica por qué los informantes de la Fuerza Pública deben ser cubiertos con las indemnizaciones respectivas.

La sentencia hace referencia al caso de *Darío, quien tenía bajo su responsabilidad el deber de informarle a los miembros del Ejército los movimientos de la guerrilla.

En una de esas misiones, Darío tuvo que viajar en un convoy militar que hacía patrullajes de registro y control en el sitio denominado Parranda Seca, jurisdicción del Municipio de Ciénaga (Magdalena).

Eran las 7:30 de la mañana del 23 de septiembre de 1993, cuando los militares fueron emboscados por guerrilleros de las Farc y el Eln.

El choque terminó con la muerte de 7 militares, 5 civiles, uno de ellos era Darío, quien para entonces se desempeñaba como guía de los uniformados.

Según la demanda, el campesino adelantaba labores de inteligencia para las Fuerzas Militares; 'para la fecha de su muerte estaba en trámite su vinculación a la entidad como agente de inteligencia', se señala en la sentencia.

Este caso fue precisamente el que motivó al Consejo de Estado manifestar que "no cabe duda que la utilización de civiles como colaboradores ocasionales puede resultar necesaria y efectiva para el desarrollo de una misión oficial' y agregó que 'sin embargo, los perjuicios que se llegaren a causar al particular que voluntariamente asiste a los miembros de la Fuerza Pública deben ser resarcidos por la Administración'.

En tan sentido, puntualizó el tribunal que 'la aceptación de dicha colaboración y la participación de esos civiles genera una circunstancia extraordinaria para quienes con buenas intenciones ayudaron al desarrollo de un servicio a cargo del Estado".

De la misma manera, el magistrado ponente de la decisión advierte que no necesariamente tiene que darse un vínculo laboral, en el caso de los civiles, pero aclaró que esa falta de formalismos no exime al Estado de sus obligaciones indemnizatorias.

Estas fueron las razones que le permitieron a la Corporación declarar administrativamente responsable a la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional por los perjuicios materiales y morales causados a la familia de Darío, y que fueron tasados por el alto tribunal en cerca de 600 millones de pesos.

* Nombre cambiado.

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