miércoles 04 de marzo de 2009 - 4:30 AM

Gobierno pide disculpas por 43 desapariciones

Diecinueve años después de la desaparición forzada de 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo (Antioquia), el Gobierno Nacional realizará mañana en Bogotá un acto de rechazo en compañía de los familiares de las víctimas.

Según lo ordenó hace tres años la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades colombianas deben reconocer su responsabilidad en los hechos, así como 'pedir perdón a los familiares'. La Corte cuestiona las razones por las cuales el grupo de paramilitares que trasportaba a los campesinos no fue detectado por dos retenes del Ejército ubicados en la zona.

Los parientes de las víctimas esperan que este acto 'ayude a honrar la memoria de 43 inocentes', y contribuya al proceso de reparación de 'los graves daños causados por el ataque a la dignidad de personas, sus familias y del conglomerado del que hacían parte', indicó el vocero de los afectados, José Daniel Álvarez.

'Después de 19 años de indiferencia y olvido por parte del Estado, por fin nos pedirán disculpas por lo que ha ocurrido y han dejado de hacer', dijo Álvarez.

Los hechos


El 14 de enero de 1990 paramilitares del grupo 'Los tangueros' ingresaron a Pueblo Bello, sacaron a un número indeterminado de hombres de sus casas, los reunieron en la plaza principal y finalmente seleccionaron a 43 personas, entre ellos tres (3) menores de edad, a quienes amordazaron y se llevaron sin que hasta la fecha se les haya vuelto a ver con vida. Antes de retirarse, los paramilitares incendiaron tres viviendas.

Los camiones que transportaban a los secuestrados partieron con rumbo a San Pedro de Urabá, una zona declarada 'de emergencia y de operaciones militares'. Por esa razón siempre había en la zona dos retenes del Ejército, uno fijo y uno móvil, que tenían por función controlar el tránsito de vehículos y personas.

Entre los hechos probados en el proceso de la Corte se establece que los 43 campesinos fueron llevados a la finca 'Santa Mónica', propiedad de Fidel Castaño, en el departamento de Córdoba. El mismo Castaño los interrogó por el robo de algunas de sus reses. Se señala que allí fueron brutalmente torturados y sus restos desaparecidos.

Siete años después, en 1997, los familiares de las víctimas junto con la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tras haber sido verificados los hechos, en marzo de 2004, la comisión presentó ante la Corte Interamerica de Derechos Humanos una demanda por lo ocurrido.

En su fallo del 31 de enero de 2006, la Corte estableció la responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición de los campesinos y le ordenó reactivar y completar eficazmente las investigaciones para determinar las responsabilidades de los organismos gubernamentales; brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas; garantizar el retorno de los habitantes que se vieron sometidos a desplazamiento forzado como consecuencia de estos hechos; y la realizar de un acto público de desagravio.

Estado del proceso

A la fecha no se ha esclarecido el destino de los 43 campesinos.

De los 60 presuntos responsables, tan solo seis han sido condenados.

Falta establecer también la responsabilidad penal de los agentes estatales que, 'por acción o por omisión', según la Corte, contribuyeron a la perpetración del acto.

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