sábado 18 de julio de 2009 - 2:37 AM

Gremio radial dice "amenaza de cierre masivo" de emisoras atenta contra libertad de expresión

La Cámara Venezolana de la Radiodifusión denunció hoy que la "amenaza" gubernamental de "cierre" de cerca del 40 por ciento de las emisoras de radio del país constituye una "violación" de las leyes locales y tratados internacionales que amparan las libertades de expresión e información.

En un comunicado, la Cámara volvió a repudiar por "repentina" y "desproporcionada" la medida, ratificada ayer por el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, de abrir procesos administrativos a 285 radios y televisiones que operarían de manera "ilegal" porque no actualizaron sus datos ante el ente regulador del sector.

Cabello dijo que este viernes o el lunes próximo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) "comenzará a abrir los primeros procesos" contra las 240 radios AM y FM, y otros 45 de televisión UHF y VHF no acudieron en junio pasado a unas jornadas de actualización de datos ante ese organismo.

"Se ha anunciado el inicio de procedimientos masivos de revocatoria de concesiones (...) lo que de concretarse, dejaría fuera del aire a casi el 40 por ciento de las emisoras del país, sin que haya ninguna norma que soporte estas medidas extremas", indicó la Cámara en su comunicado oficial.

El ministro Cabello negó que la apertura de los expedientes administrativos signifique la automática revocación del permiso de transmisión, que otorga el Estado como administrador del espectro radioeléctrico.

"Ya comenzaron a decir que vamos a revocar, no, yo hablé de un procedimiento administrativo, que se lleva según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones", declaró el jueves a la televisión estatal.

El pasado 3 de julio, Cabello dijo en una rueda de prensa que los concesionarios que "no pasaron" por la Conatel para actualizar sus datos "se les abre de manera inmediata" un proceso administrativo "para la recuperación por parte del Estado de esas concesiones".

La Cámara de Radio aseveró que "carece de fundamento invocar una ilegalidad generalizada de la operación de las emisoras de radio cuando los radiodifusores miembros de la Cámara han cumplido todos los trámites exigidos por la Conatel a partir del año 2000, para adecuarse a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones".

Además, consideró que el "cierre" de las emisoras afectará a "5.000 familias que viven" de ellas, "a unos 200 periodistas, a más de 1.500 productores nacionales".

Asimismo, el presidente de la Cámara de Radio, Nelson Belfort, negó en una rueda de prensa que en Venezuela haya un "latifundio radioeléctrico", como afirma el ministro Cabello, y señaló que la posible pérdida de la concesión de transmisión de las 240 emisoras respondería a políticas.

Cabello denuncia la existencia de un presunto "latifundio radioeléctrico" en Venezuela con el argumento de que "27 familias" control el "32 por ciento" de las emisoras de radio.

"Estamos dispuestos a resolver problemas de carácter técnico, pero no a negociar principios. No puede ser que por el capricho de algún ministro se revoquen concesiones de radio", manifestó Belfort.

Por su parte, Alfonso Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) planteó en la rueda de prensa que el objetivo último del Gobierno no es acabar con las emisoras que no cumplieron con el trámite de la actualización de datos sino con algunos locutores que le son incómodos y tienen amplia audiencia.

"La intención es acabar con algunas anclas (locutores), todos muy conocidos que generan opinión y que generan posturas que al gobierno le molesta", dijo Moleiro.

Señaló, además, que los portavoces oficiales nunca aceptarán públicamente que ese es su objetivo, por lo que lo presentan como una medida para democratizar el sector.

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