domingo 07 de junio de 2009 - 10:00 AM

La reparación administrativa no termina de convencer a las víctimas

A pocos días de iniciarse el desembolso de 200 mil millones de pesos que irán destinados a reparar por vía administrativa a un primer grupo víctimas de la violencia, aún son muchas las dudas que la iniciativa genera entre los futuros beneficiarios.

Mientras el Gobierno se declara listo para iniciar el proceso, movimientos de víctimas han manifestado su inconformidad con el trámite gubernamental.

El malestar es expresado principalmente por la población desplazada, que alega que con el Decreto 1290 de 2008 los están 'revictimizando', pues el dinero que les corresponderá no alcanzará a suplir el daño material y psicológico causado por el conflicto.

Cerca de 12.000 personas han solicitado el beneficio en un trámite que empezó a realizarse desde agosto del año pasado. Pero ahora, cuando debe empezar a pagarse a los afectados, ya hay  quienes dicen que se negarán a recibirlo.

Para Jesús Mario Corrales, líder nacional de población desplazada y miembro activo de la Fundación Humanitaria Nuevo Horizonte, el decreto de reparación por vía administrativa es 'totalmente excluyente'.

Afirma que 'es revictimizador desde todo punto de vista, ya que de nuevo nos convertimos en víctimas, pero ya no de los grupos armados al margen de la ley, sino de nuestro propio Estado'.

La suma económica que le corresponde a cada uno de los tipos de víctima, así como la falta de restitución de tierras, son algunos de los aspectos que más inquietud generan.

'Pretenden comprar nuestro dolor con un tope máximo de 40 salarios mínimos, equivalentes a $19’904.000, para quienes perdieron a un familiar o sufrieron lesiones permanentes o desaparición forzada', señala Jesús Mario.

Sin embargo, para el Gobierno Nacional la inconformidad es producto de la mala información y de una incorrecta interpretación de la ley. Según la asesora Jurídica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) Zona Centro, Nury Luz Peralta, la idea del Ejecutivo 'jamás ha sido desmejorarles la situación' a las víctimas.

'Es una mala interpretación la que se le ha dado a la norma. Hay muchos mitos y datos falsos que circulan por los pasillos (…) sería un delito agravar la situación de esta población', manifiesta Peralta.

En primer lugar, explica que para cualquier reparación es necesario contar con la voluntad del afectado: 'nadie podrá ser forzado a hacer algo que no quiere y si no hay interés en recibir el subsidio de vivienda, o el dinero, no hay obligación'.

En cuanto al monto que recibirán los afectados, señala que podrá variar según la violación de la que hayan sido víctimas; la idea, según la CNRR, es que en caso que se presente más de un delito, la persona pueda acumular y cobrar hasta 40 salarios mínimos legales.

'No es una reparación, es un incentivo'


El representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, considera que la anunciada reparación por vía administrativa es simplemente una ayuda a la que tienen derecho quienes han sufrido el flagelo de la guerra.

'La Corte Constitucional ha sido muy clara en su jurisprudencia en señalar que una cosa es reparar y otra es asistir o ayudar', indica Cepeda. Explica que reparar significaría una serie de medidas que 'realmente' transformen la situación de las víctimas.

Lo más preocupante, para él, es que las personas se están viendo obligadas a considerar este mecanismo como una reparación, debido a que los trámites judiciales tampoco están funcionando.

Dicha preocupación es compartida por Jesús Mario Corrales, quien señala que según la información entregada por Acción Social, la víctima que realice el trámite administrativo no tendrá derecho a exigir reparación judicial.

Sobre este punto, el director del CNRR, Eduardo Pizarro, asegura que 'nadie puede ser reparado doblemente por el mismo hecho'. Sin embargo, aclara que desde que la reparación se tramite por el canal judicial y administrativo, es totalmente válida. Lo que no es permitido es reclamarla dos veces ante la misma instancia.

Montos de la indemnización

* Homicidio, desaparición forzada y secuestro: cuarenta salarios mínimos mensuales ($19.880.000 este año).
* Lesiones personales y psicológicas que produzcan incapacidad permanente: hasta cuarenta salarios mínimos mensuales.
* Lesiones personales y psicológicas que no causen incapacidad permanente: hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($14.910.000 este año).
* Tortura: treinta salarios mínimos mensuales legales.
* Delitos contra la libertad e integridad sexual: treinta salarios mínimos mensuales legales.
* Reclutamiento ilegal de menores: treinta salarios mínimos mensuales legales.
* Desplazamiento forzado: hasta veintisiete salarios mínimos mensuales legales.

Pasos para acceder a la reparación


• Diligenciar personalmente el formulario gratuito que se distribuye en las oficinas de Acción Social, las personerías municipales, Defensoría del Pueblo, sedes de la CNRR, alcaldías y procuradurías regionales.
• Acción Social estudiará el caso y si lo considera necesario lo contactará para una entrevista.
• Acción Social remitirá el estudio técnico del caso y sus recomendaciones al comité de reparaciones administrativas.
• El comité de reparaciones tomará la decisión en un plazo máximo de 18 meses, a partir de la radicación del formulario.
• Una vez el comité de reparación tome una decisión procederá a ordenar la reparación.

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