jueves 13 de mayo de 2010 - 5:10 AM

Líder indígena de Ecuador recela de la propuesta de consulta sobre Ley Aguas

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Santi, se mostró hoy receloso de la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, de organizar una consulta previa a las comunidades sobre una polémica Ley de Recursos Hídricos.

Pese a que informó de que las diferentes organizaciones indígenas y sociales anunciarán su postura oficial en las próximas horas, Santi señaló que la propuesta de Cordero puede tratarse de una estrategia para "dilatar la resistencia" que protagonizan las comunidades en contra de la conocida como Ley de Aguas.

Así lo señaló en una entrevista con la emisora Sonorama, al añadir que la propuesta de la consulta previa también puede buscar "dejar afuera peticiones" y "punto críticos" que ellos han propuesto en el seno de la Asamblea Nacional.

Criticó que si la consulta "no es vinculante no tendría sentido, ya que sólo sería una socialización y sin consentimiento previo no tiene razón esta consulta".

No obstante, se mostró cauto sobre los mecanismos en que se llevaría a cabo la consulta y sostuvo que las organizaciones siguen movilizadas en espera de lo que mañana se resuelva en el pleno legislativo.

Adelantó que mañana integrantes de "muchas" organizaciones llegarán a Quito, donde prevén instalar una asamblea intercultural y plurinacional que debatirá la Ley de Aguas, mientras que en provincias "se tomarán medidas de hecho".

Cordero anunció que propondrá mañana la aplicación de una consulta previa a los indígenas, basada en la Constitución, sobre el informe final de la polémica ley, con lo que se pospondría su votación definitiva, que estaba prevista para el jueves.

Si se aprobara ese mecanismo, la ley se votaría después de unos cinco meses tras una consulta "pre-legislativa" y la declaración oficial de sus resultados.

La ley, que busca crear el marco legal para la gestión, administración y distribución del recurso hídrico, es rechazada por los indígenas, quienes mantienen movilizaciones desde hace una semana, en algunas ocasiones con enfrentamientos con la policía, en demanda de que se incluyan sus propuestas en la norma.

Los pueblos y nacionalidades consideran que el proyecto legal que se tramita podría propiciar la privatización del líquido, extremo negado por el Ejecutivo y el Legislativo.

Además, discrepan en algunos de los aspectos que contempla el proyecto tales como la desprivatización y desconcentración del agua, la estructura y competencias de una Autoridad Única del Agua, la participación de las comunidades en la toma de decisiones y el rol de los gobiernos autónomos descentralizados respecto a su administración.

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