jueves 06 de agosto de 2009 - 3:55 AM

Ministerio Público considera legal la caza de hipopótamos de Pablo Escobar

La Procuraduría pidió a las autoridades ambientales que "asuman una política de manejo de la fauna silvestre", tras considerar "legal" la orden de caza que desencadenó la muerte de uno de los hipopótamos que escaparon de la finca del extinto narcotraficante Pablo Escobar.

Con esta petición, que el Ministerio Público condensó en una carta publicada en su página de Internet, "el tema de la caza de los hipopótamos queda cerrado", explicó hoy a Efe el procurador Ambiental y Agrario, Óscar Darío Amaya.

La Procuraduría instó al ministro de Medio Ambiente, Carlos Costa, a que en un plazo de 90 días presente "los lineamientos generales de una política pública de protección de la fauna silvestre del país".

También, conminó al director nacional de Estupefacientes, Omar Figueroa Reyes, para que determine, en el mismo plazo, cuál es "la política de manejo de fauna silvestre" que emplea sobre los animales que se encuentran bajo su responsabilidad.

La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) administra los bienes decomisados al narcotráfico, entre ellos la Hacienda Nápoles, finca que perteneció al abatido Pablo Escobar, hasta que pasó a funcionar como zoológico, precisó Amaya.

"Ellos administran fincas que tienen fauna, flora y humedales, por lo que deberían cumplir unos protocolos ambientales mínimos", aseveró Amaya.

El representante del Ministerio Público observó que en la gestión de la DNE y en la de muchas otras instituciones no ambientales "se echa de menos una política de manejo de la fauna silvestre", por lo que sería conveniente promover un "debate científico con expertos".

La carta de la Procuraduría resulta de una investigación que este organismo inició al conocer que unos cazadores habían dado muerte a uno de los tres hipopótamos que huyeron de la finca del extinto capo de la droga Pablo Escobar hace más de dos años.

Una delegación se desplazó hasta el Magdalena Medio, área en la que se había detectado la presencia de estos animales, con el fin de hablar con los habitantes y esclarecer las condiciones en que se produjo la caza del ejemplar conocido como ´Pepe`.

"Efectivamente fue la comunidad la que pidió soluciones a las autoridades ambientales", argumentó Amaya antes de sentenciar que estas últimas trataron sin éxito de reubicar estos animales durante dos años y medio.

Reconoció que la legislación colombiana estableció en 1978 la figura de "caza de control" como último recurso cuando un animal "es indomable".

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