sábado 24 de enero de 2009 - 2:34 AM

ONG rechaza beneficios legales para secuestradores

Una organización no gubernamental (ONG) de lucha contra el secuestro, creada por el actual vicepresidente colombiano, Francisco Santos, rechazó hoy que el Estado conceda beneficios legales a los responsables de este delito.

Son las víctimas "las que perdonan", no el Estado, afirmó en Bogotá la directora de la Fundación País Libre, Olga Lucía Gómez, ante ofertas como la de libertad condicional que el Gobierno ha hecho a secuestradores que se entreguen con cautivos.

El presidente Álvaro Uribe ha insistido en los meses recientes en beneficios para los guerrilleros que deserten y escapen con las personas de las que sean carceleros, casos de los que se han presentado tres desde octubre pasado.

"Perdonar es trivializar el delito y el Estado no puede olvidar que las víctimas necesitan de la verdad, justicia y la reparación para poder realizar un adecuado proceso de superación sobre los daños ocasionados", expresó la activista en una declaración pública.

La directora de la ONG puntualizó que es obligación del Estado "prevenir, perseguir, investigar, juzgar y sancionar" a los secuestradores.

No es fácil cumplir con esta obligación, admitió Gómez, pero advirtió de que el Estado que no lo haga puede violar compromisos internacionales que se derivan de los tratados que haya ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, de 1977.

Además, recordó que el secuestro es un delito de lesa humanidad que está tipificado como tal en el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y que creó la Corte Penal Internacional (CPI), de la que Colombia es parte.

La impunidad frente a los crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y agresión es puesta en jaque por la CPI, continuó la directora de País Libre, quien exigió que "todos los grupos ilegalmente armados (...) que cometieron delitos de lesa humanidad paguen por sus actos".

Gómez mencionó a las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo mismo que a los grupos paramilitares.

La ONG, que calcula en 2.800 el número de personas que están secuestradas en el país, fue creada hace 18 años por el ahora vicepresidente Santos tras haber padecido el secuestro a manos del desaparecido cartel de la cocaína de Medellín.

Por esa época, Santos ejercía como periodista en el diario El Tiempo, entonces de propiedad mayoritaria de su familia

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