miércoles 02 de diciembre de 2009 - 4:22 AM

Predio para desplazados estaría minado

La Procuraduría General radicó ante el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá una acción popular contra el Incoder, el Ejército Nacional y la Agencia Presidencial para la Acción Social por la compra de un predio para las familias desplazadas por la violencia, que no se encuentra en óptimas condiciones para ser habitado.


De acuerdo con la versión del Ministerio Público, al parecer el predio "La Cristalina", ubicado en límites de los municipios de Marulanda (Caldas) y Herveo (Tolima), se encuentra minado.

A juicio de la Procuraduría, "este predio no tiene las condiciones para adelantar explotaciones agropecuarias en forma rentable conllevando a una pérdida del proyecto productivo que pretendan desarrollar los campesinos desplazados por la violencia beneficiados con el programa de reforma social agraria", sostuvo el organismo en un comunicado de prensa.

En consecuencia, se pidió que se restituyan las cosas a su estado anterior a la venta de este predio y que el Incoder se abstenga de adjudicar el citado inmueble a los campesinos, dadas las condiciones de este terreno.

En aras de proteger los derechos colectivos de estas personas desplazadas por la violencia, la Procuraduría solicitó al Incoder que adquiera un inmueble con "aptitud agrológica, que permita el desarrollo eficiente y rentable de proyectos productivos, en los que se viabilice la realización de labores agrícolas o pecuarias y se les garantice su derecho a la vida y una estabilidad socioeconómica".

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