domingo 14 de diciembre de 2008 - 10:00 AM

'Programa de protección de víctimas de la Fiscalía es un misterio'

El estudio sobre las políticas de protección de víctimas y testigos del conflicto armado en Colombia que realizó la Procuraduría General dejó varias críticas sobre el programa que realiza la Fiscalía.

Jairo Libreros, analista político y consultor en este estudio, afirma que en materia de seguridad 'no existe un misterio más grande que el programa de protección de víctimas de la Fiscalía'.

Durante los 15 meses en los que se realizó este proceso de evaluación entre la Procuraduría y la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), los investigadores del Ministerio Público establecieron que fue imposible trabajar con el programa de la Fiscalía.

'Los elementos de juicio que encontramos son un misterio, está marcado por el anonimato', dice Libreros.

De acuerdo con el consultor, los servidores de la Fiscalía aseguraron que no sabían lo que hacía este programa de protección y que tenían dudas sobre su verdadera eficacia.

Las críticas

La principal crítica al programa de la Fiscalía es que no protege a las víctimas de conductas violentas habituales o del conflicto armado.

'La Fiscalía sólo protege a testigos cuando estas personas son útiles para las investigaciones penales, porque aportan información relevante para el desarrollo de los procesos y tienen riesgos de seguridad', señala el informe del Ministerio Público presentado esta semana en Bogotá.

Otra de las críticas está relacionada con la credibilidad de este programa que es calificada como mínima.

'En muchos casos hasta los propios miembros de otras dependencias de la Fiscalía General les sugieren que no vayan al programa, porque es inoperante, tienen temores sobre fugas de información y no quieren cargar con la responsabilidad moral, penal y disciplinaria', indica el estudio.

Este proceso de evaluación se realizó en 11 ciudades del país a través de cuestionarios y encuestas que fueron resueltas por funcionarios públicos, miembros de ONG, sindicatos y organizaciones sociales.

UN PROTOCOLO ÚNICO


Jairo Libreros sostuvo que a partir de este análisis se pudo establecer que 'a la fecha no existe una política pública nacional de seguridad personal, ni hay un trabajo coordinado y sistemático para garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto'.

Frente a este tema, el procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, precisó que se deben realizar dos modificaciones a este programa.

'Queremos que se haga un protocolo único que debe estar coordinado por la Policía Nacional y también que se modifique la reglamentación que hay actualmente sobre las personas que pueden ser protegidas', dijo el jefe del Ministerio Público.

Además, Libreros explicó que debe reconsiderarse los contratos de escoltas sugeridos. 'Esto funcionaba en la época del M-19, cuando las personas amenazadas no confiaban en los organismos de seguridad y se optó por contratar con quienes ellos sugerían'.

Para la Procuraduría, este esquema de seguridad fue importante en la década de los noventa, pero hoy en día los escoltas sugeridos son una de las figuras más críticas que tiene el esquema de seguridad personal.

'No existe control sobre estas personas y en la mayoría de casos, según la Policía y el DAS, no tienen formación en materia de seguridad', manifiesta el consultor.

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