jueves 13 de mayo de 2010 - 10:00 AM

'Programa para las víctimas no debe quedarse sólo en indemnizaciones'

Luego de hacer un estudio sobre el Programa de reparación individual por vía administrativa, la Procuraduría General solicitó ayer incluir a víctimas de agentes del Estado en este proceso y adecuar la política para que la reparación no se quede en la indemnización.

La Procuraduría General presentó el informe de Seguimiento al Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa, en el que hizo unas recomendaciones para modificar el decreto 1290 de 2008, que hace referencia al Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa, creado por el Gobierno Nacional.

Se criticó que la aplicación del decreto se está limitando a una indemnización por vía administrativa y no en estricto sentido de reparación, cuando lo que se pretende es que los beneficiarios tengan un conjunto amplio de medidas como restitución de bienes, rehabilitación y garantías de no repetición.

Según el procurador delegado preventivo en materia de derechos humanos y asuntos étnicos, Mario González Vargas, la reparación individual no es suficiente, ya que deben incorporarse beneficios materiales de carácter colectivo.

El Comité de Reparaciones Administrativas, CRA, manifestó que se han limitado al pago de indemnizaciones solidarias porque el Departamento Nacional de Planeación, junto con otras entidades, se encuentra elaborando un Conpes para hacer una política integral.

Si la indemnización no se da en un plazo mínimo de 10 años, como lo explica el decreto, González Vargas explicó que se estaría reduciendo drásticamente el significado simbólico de la indemnización solidaria y al cabo del tiempo, es probable que la víctima no encuentre ningún vínculo o conexión con la reparación.


El programa de indemnización:

A diciembre de 2009, el Comité de Reparación Administrativa (CRA) había resuelto, de manera favorable, 10.593 solicitudes de reparación individual por vía administrativa, de un total de 278.334 solicitudes presentadas.

De los 10.593 casos, resultaron beneficiadas 26.375 mujeres (87%) y 3.202 hombres (13%).

Los departamentos con el mayor número de solicitudes presentadas son Antioquia con el 42,60%; Magdalena con el 5,49%; Meta con el 4,42%; Santander con el 4,38%; Sucre con el 3,94% y Putumayo con el 3,62%.

La mayoría de las solicitudes aprobadas corresponden al delito de homicidio con 7.887 casos. Les siguen las solicitudes que tienen que ver con los delitos de desaparición forzada con 1.561 casos, reclutamiento ilegal de menores de edad, con 403 casos; secuestro con 375 casos, y lesiones personales y sicológicas que producen incapacidades permanentes, con 351 casos.

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