lunes 06 de abril de 2009 - 10:00 AM

Registraduría analiza anular firmas de clientes de DMG

Un derecho de petición interpuesto por Manuel Villota Villota ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene a la Registraduría analizando la posibilidad de anular 320 firmas de presuntos ‘tarjetahabientes’ de la captadora ilegal DMG, y quienes habrían solicitado retirar sus rúbricas.

La carta, fechada el pasado 31 de marzo, pide al presidente del CNE, Héctor Osorio, excluir sus firmas debido a que el Presidente Álvaro Uribe, declaró a DMG una empresa ilegal y a sus funcionarios como delincuentes.

Pero la iniciativa va más allá, pues le piden al CNE 'declarar nula las firmas del referendo reelccionista del Presiente, porque en su mayoría pertenecen a nosotros, los presuntos delincuentes de DMG, quienes hoy nos oponemos a la reelección'.

Incluso, los firmantes sostienen que la empresa, en todo el país, recolectó y trasportó la mayoría de las firmas.

Ante la particular solicitud, el director del Censo Electoral, Hollman Ibáñez, manifestó que la Registraduría analiza la viabilidad jurídica pues, 'no existe un antecedente jurisprudencial y tenemos que revisar con lupa'.

Además, la Registraduría tendrá que establecer si las personas existen y comprobar si firmaron el referendo.
La respuesta se conocerá luego de Semana Santa.

FISCALÍA NO TOLERÓ TÉRMINOS ‘DESOBLIGANTES’ DEL JUEZ EN CASO DMG


El Vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, aseguró que el Juez encargado del proceso que se adelanta contra David Murcia Guzmán, cerebro de la comercializadora DMG, no utilizó apreciaciones jurídicas sino ‘términos desobligantes’ en contra del fiscal del caso.

El pasado viernes, en el Tribunal Superior de Bogotá, el juez cuarto penal reprochó al fiscal encargado del caso y le dijo: 'Señor fiscal el escrito de acusación fue un completo fracaso, no tenía nada de técnica no lo entendía nadie era inteligible'.

Esa frase fue rechazada por Mendoza Diago, quien indicó que se debió pedir al fiscal que aclarara los datos, 'pero no calificarlo de fracaso o un asunto completamente decepcionante, esos términos que son más insultantes que constitutivos sobre las apreciaciones jurídicas'.

'La Ley procesal no admite, no permite un lenguaje displicente con términos desobligantes si se está interviniendo en un caso penal', expresó Guillermo Mendoza.

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