martes 09 de junio de 2009 - 10:00 AM

Relator de la ONU escuchó a víctimas de ‘falsos positivos’

El relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston, escuchó a las víctimas de los ‘falsos positivos’ en Colombia con el fin de constatar la situación de las ejecuciones extrajudiciales en el país.

El Representante de las Naciones Unidas también verificará el estado en que se encuentran las investigaciones de los asesinatos cometidos tanto por los grupos armados ilegales, como por las Fuerzas Armadas.

Según Alston, su visita es para asesorar al Consejo de las Naciones Unidas, en la vigilancia de las irregularidades que se presentan en los diferentes países.

'Mi papel consiste en identificar medidas adicionales que se pueden tomar para mejorar la situación de un país, me ocuparé de todas las ejecuciones irregulares que supuestamente ejecutó la fuerza pública, pero también las de los grupos subversivos', manifestó Alston.

Según el vicepresidente del Senado, Óscar Suárez Mira, la Fiscalía General de la Nación recibió hasta el momento 189 nuevas denuncias de ‘falsos positivos’, remitidas por la justicia penal militar a este organismo para que investiguen los hechos.

Para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, existen por lo menos ocho casos nuevos de ‘falsos positivos’ en Colombia, ocurridos en los departamentos de Atlántico, Cauca, Córdoba, Meta y Bogotá.

Sin embargo, en un comunicado del Congreso, se recordó que el Gobierno Nacional aseguró que tras las medidas de seguridad adoptadas a finales del año anterior, se ha presentado solo un nuevo caso de ejecuciones extrajudiciales en el país.

'$3 MILLONES 815 MIL VALE UN ‘FALSO POSITIVO’'

El senador Gustavo Petro dio a conocer una resolución del Ministerio de Defensa, firmada por el entonces ministro Camilo Ospina, en la que se especifica una tabla de pagos para quien dé de baja a un guerrillero.

Petro reveló un documento que faculta que recursos del orden internacional ayuden a pagar recompensas por el abatimiento de miembros de organizaciones criminales.

Según el congresista, la resolución fue firmada el 17 de noviembre de 2005 por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, con una 'irresponsabilidad enorme', al no crear unos mecanismos de control suficientes para que esa resolución no permitiera matar inocentes.

El congresista aseguró que esta medida dejó como resultado entre mil y 2 mil ciudadanos colombianos muertos.

'Se pagan hasta $5 mil millones por dar de baja a un máximo cabecilla, (…) aquí no observo ningún problema, fuera del ético, porque se sabe quiénes son los cabecillas, nadie puede suplantar un cabecilla, pero ya bajando de rango, encontramos un cupo indefinido, ilimitado de pagos hasta por $3’815.000 que son 10 salarios mínimos, eso se paga por abatimiento de guerrilleros o miembros de grupos armados al margen de la ley rasos', manifestó el parlamentario.

El legislador explicó que según la resolución, este dinero se paga a personas indeterminadas, sea militar o civil.

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