martes 09 de junio de 2009 - 7:42 PM

Relator de ONU para ejecuciones extrajudiciales comenzó trabajo en Colombia

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, dijo este lunes en Bogotá que investigará los casos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública colombiana, pero también de la guerrilla y de grupos paramilitares.


"Me ocuparé de todas las ejecuciones de las fuerzas de seguridad, y también me interesan las ejecuciones perpetuadas por otros grupos de la sociedad que han quedado impunes", señaló Alston en la sede del Congreso durante un encuentro con familiares de víctimas.

Alston -según la traducción oficial- confió en que con el apoyo del gobierno y de la sociedad, "pueda hacer una contribución constructiva con el fin de resolver los problemas que les preocupan hoy día".

El relator de la ONU, quien llegó a Bogotá el domingo invitado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe, estará en Colombia por espacio de 10 días durante los cuales viajará a varias regiones en donde se han presentado denuncias por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales a cargo de miembros de la fuerza pública.

En desarrollo de su visita, Alston se entrevistará con víctimas, familiares de víctimas y testigos de asesinatos, así como miembros de la sociedad civil.

La visita se produce en momentos en que la Fiscalía investiga numerosas denuncias de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del ejército, ocurridas especialmente en 2008.

La Fiscalía ha podido comprobar que varios jóvenes de barrios pobres de Bogotá fueron engañados con promesas de trabajo y llevados a una región del noreste del país, en donde luego aparecieron muertos y reportados como bajas en combates con grupos armados ilegales.

Según el organismo investigador, los militares realizaron los operativos para hacerse de prebendas, recompensas y permisos, en lo que ha sido denominado el caso de los 'falsos positivos'.

Las primeras investigaciones llevaron al gobierno a ordenar la salida, el 29 de octubre, de 27 militares, entre ellos 3 generales, responsables de las unidades militares en donde se cometieron los crímenes.

Otros 13 uniformados fueron desvinculados de las filas el 16 de noviembre, y 11 más a finales de enero pasado, por hechos similares.
 

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