martes 21 de julio de 2009 - 7:27 PM

RSF denuncia arremetia del gobierno venezolano contra medios de comunicación privados

Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció hoy que el Gobierno venezolano está acelerando "su cruzada" contra los medios de comunicación privados y consideró peligrosas las modificaciones legislativas o reglamentarias de las últimas semanas.

La organización indicó en un comunicado que estos cambios tienen "el único objetivo de castigar a los medios de comunicación por una línea editorial considerada como contraria a las intenciones gubernamentales".

Así, RSF exigió a Venezuela que suspenda unas medidas "contrarias a los principios constitucionales fundamentales y a la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión".

Según la organización, las reglas y las leyes que un gobierno cambia o vuelve a interpretar para imponer lo que considera como "la única verdad mediática posible" son las herramientas de una "cruzada ideológica ya empezada".

De esta forma, recordó que el canal privado de noticias Globovisión podría perder más rápido de lo previsto su concesión de frecuencia, válida hasta 2013, demandado en cinco procedimientos administrativos que amenazan su difusión hertziana.

Mientras, el pasado 9 de julio el Estado venezolano reconoció que pretendía recuperar el 50 por ciento de la adjudicación de la licencia del canal, al fallecer uno de sus concesionarios.

Aunque se le retirase la concesión, Globovisión podría seguir su programación por cable, al igual que Radio Caracas Televisión (RCTV) cuya frecuencia hertziana no fue renovada en mayo de 2007, informó la organización no gubernamental por la defensa de la libertad de prensa.

Por otra parte, el pasado 17 de julio comenzó la evaluación de la legalidad de difusión de 240 emisoras de radios, tras la que se espera el cierre de frecuencias consideradas ilegales por el Gobierno, acompañado por el decomiso de material de transmisión y por la prohibición de difusión durante cinco años.

RSF aseguró que los representantes de los medios de comunicación "ni siquiera han tenido la posibilidad de defender su caso públicamente y los criterios de revisión de las frecuencias no se hicieron públicos".

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió el 3 de julio que la Asamblea Nacional adoptara una ley castigando los "delitos mediáticos", cuando los medios de comunicación provoquen "angustia, zozobra y pánico" en el seno de la población.

Esta petición es consecuencia, según la ONG, de la difusión de mensajes asociativos, difundidos en algunos canales y emisoras privadas, a favor de la propiedad privada.

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