lunes 14 de diciembre de 2009 - 10:00 AM

Se deben unificar criterios para judicializar a los delincuentes

La orden del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a la Fiscalía General para que inicie un proceso judicial contra los integrantes del Movimiento Bolivariano que exaltaron a varios comandantes de las Farc, generó un nuevo debate que deja al descubierto que los gobiernos de Colombia, Venezuela y Ecuador deben unificar criterios para buscar la manera de judicializar a los delincuentes que se refugian en los países vecinos y así poderlos extraditar.

Los gobiernos ecuatoriano y venezolano en su momento ordenaron la captura del ahora ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos; del comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, y del director de la Policía, general Óscar Naranjo, por su responsabilidad en las muertes que dejó el operativo contra Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’.

El Gobierno colombiano, en cabeza del jefe de Estado, también ordenó investigar a funcionarios del Movimiento Continental Bolivariano en Venezuela por presuntos nexos con las Farc.

Analistas opinan que ante la negativa del principio de la extraterritorialidad, la justicia de los tres países debe adoptar nuevos mecanismos para evitar el conflicto jurídico.


Opiniones

El ex canciller Augusto Ramírez Ocampo expresó que Colombia debe definir la posición frente al principio de extraterritorialidad.

'Hay que mantener una sola tesis. Pues se dice que no existe este principio cuando Ecuador pide la captura del ex ministro de Defensa, Santos, y de altos mandos militares y ahora se piensa que pueda darse la captura de un funcionario extranjero supuestamente vinculado con las Farc', sostuvo Ramírez.

Por su parte, Carlos Lozano, integrante de ‘Colombianos y Colombianas por la Paz’, dijo que las órdenes del Gobierno van en contravía.

'Las acusaciones con base en el computador de ‘Reyes’ están bastante desprestigiadas, ya que estas investigaciones se han ido cayendo', señaló Lozano.

Sin embargo, los fueros parlamentarios que ostentan las personas solicitadas por las justicias nacionales e internacionales hacen que estas medidas no progresen y que órdenes de captura y de extradiciones no puedan hacerse efectivas.

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