miércoles 03 de junio de 2009 - 10:00 AM

'Son asesinos a sueldo, ¡qué se haga justicia!'

El 25 de agosto de 2008 apareció muerto en Ocaña (Norte de Santander) Víctor Gómez Romero, un joven de 23 años que  desapareció el 23 del mismo mes, en Soacha (Cundinamarca).

Su madre, Carmenza Gómez, recién salida de una intervención quirúrgica por problemas de la vena varice, el 25 de agosto se enteró de la noticia: 'Víctor habría muerto víctima de enfrentamientos entre el Ejército y grupos al margen de la ley', informaron las autoridades.

Luego de un par de horas sin recobrar el sentido producto de un desmayo, la mujer se dirigió con uno de sus ocho hijos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá. No entendía por qué su hijo terminó muerto cuando viajaba a la Costa para trabajar y ahorrar dinero para comprarle una casa.

En Medicina Legal le explicaron lo sucedido y, aún consternada sin estar totalmente convencida de los hechos, Carmenza emprendió un viaje de 16 horas a Ocaña, acompañada de un cofre, para recuperar el cadáver de Víctor.

'Él no estaba sólo. Él se fue en compañía de dos muchachos más: Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera, conocidos de Soacha', manifestó la mujer, con voz nostálgica, al recordar que su hijo era un buen muchacho.

'Trabajaba en una taberna. No era mucho lo que ganaba pero con eso cubría sus gastos y me ayudaba con los de la casa. Había pasado una hoja de vida en una estación de gasolina y estaba a la espera de que lo llamaran. Era un muchacho trabajador que se rebuscaba el dinero, así fuera lavando carros o trabajando en construcción. Me ayudaba mucho', explicó Carmenza en medio de un llanto desconsolador.

Las audiencias

Un poco más calmada y convencida de no descansar hasta que se haga justicia, Carmenza narró lo sucedido en las últimas audiencias donde son juzgados los militares implicados en los llamados ‘falsos positivos’. 'Ellos no aceptan los cargos. Ninguno. Todos están involucrados y ninguno acepta', denunció la mujer.

De acuerdo con Carmenza, cuatro de los militares involucrados en la muerte de su hijo también son investigados por el homicidio de Julio César Meza y Jonathan Orlando Soto Bermúdez, de 17 años de edad, quienes fueron fusilados por los efectivos del Ejército para mostrar resultados positivos ante sus superiores.

En el caso de estos dos últimos jóvenes la Fiscalía halló inconsistencias en las pruebas entregadas por el Ejército. 'Hemos podido determinar que el operativo en sí no corresponde a la realidad. Lo que ustedes (los militares) plasmaron en los documentos en los soportes del operativo, así como todo los antecedentes de inteligencia contienen irregularidades', aseguró el fiscal 53 de Derechos Humanos, Álvaro Galindo, en una audiencia del pasado 15 de mayo.

Entre tanto, para Carmenza lo único claro es que estos militares son asesinos a sueldo comandados por Tenientes, Mayores y Coroneles que dirigían esos operativos.

'Ellos (los uniformados) son unos asesinos a sueldo. Hay testigos que confirman que ellos sabían lo que estaba haciendo. Los llevaban engañados, les daban todo lo que pidieran con el fin de lograr su objetivo. Ellos son asesinos a sueldo', repite en tono de rabia.

Testimonios dentro del proceso penal ratifican la tesis que los jóvenes fueron engañados con un viaje a la costa para luego ser asesinados. 'A ellos les daban de todo lo que pedían, como licor, comida y drogas para que la pasaran bien y no sospecharan nada, mientras eran entregados a los militares', indicó Cecilia Jaimes, fiscal 19 de derechos humanos en la audiencia del pasado 21 de mayo.

En medio del dolor y la sed de justicia, Carmenza aún no comprende por qué su hijo fue llevado a Ocaña si la promesa de trabajo era en la Costa Atlántica del país.

'Les ofrecieron un trabajo para la costa, que le iban a pagar muy bien y pues él estaba ilusionado con que sería un buen trabajo. Él quería trabajar para comprarme la casa, pero entregó su vida por una plata y un trabajo que nunca existió', concluyó la mujer al recordar que 'muchos militares saben de estas prácticas pero no hablan por miedo a morir, ellos son la voz del silencio. A ellos les pido que hablen que denuncien'.

FISCALÍA DENUNCIA MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS
cOLPRENSA, bOGOTÁ


Por la desaparición del joven de 19 años de edad Julián Oviedo Monroy, de Soacha (Cundinamarca), la Fiscalía denunció que hubo 'un presunto montaje' y un 'hipotético combate' soportado en informes militares 'falsos', firmados por el coronel en retiro Álvaro Diego Tamayo Hoyos.

De acuerdo con la investigación, hubo manipulación de documentos, en ellos no se concretaron fechas, la información era imprecisa y había irregularidades e inconsistencias en los datos presentados.

Bajo la operación denominada Fénix, que supuestamente iba a realizarse entre los días 23 de febrero y 1 de marzo de 2008, los 21 militares hoy indiciados 'prepararon el homicidio del joven Oviedo argumentando que a través de esta misión iban a atacar a 2 presuntos delincuentes y narcoterroristas', afirmó la Fiscal del caso, María Cecilia Jaimes.

Según los documentos probatorios, los uniformados utilizaron 550 cartuchos para asesinar al joven Oviedo e inclusive granadas. La víctima fue reportada como NN y como muerto en combate el 3 de marzo de 2008.

De acuerdo con la Fiscalía, 'eran 19 uniformados armados contra 1 persona que murió de manera indefensa. Si la operación Fénix era cierta, ¿por qué no lo capturaron antes de darlo de baja? Eran muchos contra uno'.

síntesis
Situación actual de los militares

  • La Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra los 17 militares implicados en los ‘falsos positivos’ de 11 jóvenes de Soacha.
  • Los uniformados permanecen en guarniciones militares, por petición de su abogado defensor.
  • Hasta el momento las autoridades, en las audiencias, han mencionado dos clases de condenas: entre 40 y 60 años para lo militares que empuñaron el fusil y acribillaron a los jóvenes; 8 años para los soldados cómplices.

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