martes 12 de enero de 2010 - 1:02 AM

Uribe se expresa preocupado por libertad a militares acusados de ejecuciones

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, declaró hoy su "preocupación" por las decisiones judiciales que permitieron la libertad de 17 militares acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales y cuestionó la figura jurídica usada por el juez para permitir su liberación.

En un comunicado desde la ciudad de Medellín (noroeste), Uribe dijo que la recuperación de la seguridad fue fundamental para que la justicia pudiera volver a operar en Colombia. Ahora "resulta difícil entender que cuando se ha superado la interferencia terrorista que intentó bloquear a la justicia, la impunidad pueda surgir de decisiones amparadas en el vencimiento del términos", agregó.

Por efecto del vencimiento de los términos legales o tiempos con los que contaban los fiscales para acusar de manera formal y llamar a juicio a los implicados, un juez ordenó el jueves que los militares del llamado Caso Soacha fueran puestos en libertad.

"Cuando ese vencimiento de términos concede libertad a integrantes de las Fuerzas Armadas, estas sienten afectado su honor, que solo se salva con decisiones justas y de fondo que absuelvan o condenen", señaló el mandatario.

En el mensaje oficial aseguró que alegar vencimiento de términos hace daño a la credibilidad pública y afecta la democracia.

"En el caso de las Fuerzas Armadas, cuando el vencimiento de términos da libertad a terroristas desestimula el sacrificio de militares y policías", agregó.

El Ministerio de Defensa de Colombia ordenó ayer a los 17 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, que fueron liberados el jueves por un juez, a presentarse en un batallón para permanecer confinados mientras se aclaran los hechos.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó este viernes su preocupación por el rumbo que puedan tomar las causas sobre las más de 1.200 ejecuciones extrajudiciales denunciadas en el país tras la excarcelación de los 17 militares implicados en varios casos.

Las víctimas fueron reclutadas bajo engaño a comienzos de 2008 y sus cadáveres aparecieron después en fosas comunes del noreste del país, donde estaban registrados como guerrilleros muertos en combate.

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