La parte baja de Sabana de Torres fue muy afectada por la ola invernal. La comunidad denunció que hay obras que se subcontrataron hasta por el 40% del valor del contrato.
Publicado por: REDACCIÓN ECONÓMICA
Los campesinos de la parte baja de Sabana de Torres, una de las zonas más afectadas en Santander en la pasada ola invernal, le piden a la Procuraduría General de la Nación intervención directa en las obras que se están efectuando en la región y que tienen como finalidad el levante de unos jarillones para contener las inundaciones del río Lebrija.
Específicamente hacen referencia a los contratos que asignó la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, con dinero de Colombia Humanitaria.
De acuerdo con Hugo Criado Pacheco, presidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de San Luis de Magará, en Sabana de Torres, “estamos a 15 días de comenzar la temporada invernal de 2012 y aún no se han terminado las obras, con el agravante de que no se tienen soportes técnicos, informe de obras, falta de política ambiental, los jarillones van casi paralelos al río y se levantaron, literalmente, con el mismo lodo del Lebrija”.
Criado Pacheco dijo que al parecer hay subcontratación. Son jarillones, en su concepto, sobrevalorados y asegura que en la región con cantidades menores de dinero se han levantado obras de protección de gran significancia.
“Hay un contrato por más de $2.300 millones desde junio de 2010 y no se ha terminado; sin embargo, estimamos que su valor es muy alto para lo que se tiene que hacer, de ahí, que dé pie a posibles subcontrataciones”, agregó.
Mucha plata
Criado Pacheco dijo que esa sobrevaloración se hace palpable cuando se observa un jarillón en el que para su ejecución colaboró Ecopetrol en cercanías al puente viejo sobre el río Lebrija.
Según el vocero de la comunidad, se levantaron más de 800 metros de jarillón con una base de 15 metros y una cabeza de 3 metros con menos de 700 horas de retroexcavadora y buldozer. Eso no significa una inversión de más de $100 millones de pesos”, agregó.
En consecuencia, Criado Pacheco solicitó una comisión especial de vigilancia de la Procuraduría general de la Nación, pero con funcionarios de Bogotá.
“En esa región se tuvieron pérdidas por encima de los $50 mil millones, hay fincas arrasadas y hay familias de campesinos en ruinas. No es justo que ahora las obras de mitigación que envió el Gobierno se las vuelva a llevar el río por su pésima ejecución”, agregó.
