Para los agricultores y empresarios del distrito de riego de Sabana de Torres los recursos que ha girado el Gobierno Nacional y Colombia Humanitaria para que sean ejecutados por la CAS se están quedando en “los bolsillos de los contratistas”.
Publicado por: REDACCIÓN ECONÓMICA
De acuerdo con las denuncias presentadas a esta redacción por la Asociación de usuarios del Distrito de Riego de Magará, Asodimag, por cuenta de las obras que no se han realizado, hoy permanecen bajo el agua más de 400 hectáreas de cultivos, ubicadas en una de las zonas productoras más importantes de Santander, en Sabana de Torres, como lo son las veredas de Magará, Aguas Negras y Barranco Colorado.
Desde la pasada ola invernal se han ejecutado dos contratos en obras de contención, incluyendo jarillones, para que las aguas del río Cáchira, que se juntan con el río Lebrija, no inunden los cultivos. Además, actualmente se ejecuta un tercer contrato por $12.343 millones, cuyo periodo de ejecución está establecido entre enero y octubre de este año, y a la fecha se han estabilizado solamente 173 metros.
Con este contrato ya son tres obras que se adjudican para mitigar el invierno en esta zona y que suman cerca de $15 mil millones.
Hoy las pérdidas para los productores de palma, leche y arroz, principalmente, superan los $50 mil millones.
“Estamos seriamente preocupados por el manejo que Colombia Humanitaria entregó para mitigar la ola invernal que fue tan fuerte para nosotros. Lo más terrible de esto es que así como se ha presentado en muchas partes el llamado ‘carrusel de la contratación’ aquí se quiere hacer lo mismo. Se arman empresas de papel y son los mismos contratistas. A la fecha no vemos las obras”, dijo el presidente de la asociación, Hugo Criado.
De igual forma otros miembros de la organización aseguraron que las obras que se habían ejecutado anteriormente ya se están deteriorando, por lo que las inundaciones siguen siendo ‘pan de cada día’.
Entre los aspectos que denuncia lo veeduría hecha por la asociación está que los contratos se ejecutan de forma antitécnica, porque no contemplan metas físicas establecidas.
“El objeto del contrato es mentiroso, el documento asegura que son obras para proteger los acueductos y alcantarillados de siete veredas de la zona y resulta que el jarillón es para proteger toda la zona, y acueductos no hay”, aseguran los productores.
“En la zona confluyen corporaciones como la CAS, la Cdmb, Cormagdalena, pero todas actúan como repúblicas independientes y no ejercen como deberían”, concluyó Criado.
Sobre los hechos mencionados la veeduría envió una carta a la Procuraduría General de la Nación, el pasado 17 de abril.
