Los compradores de buena fe sienten que la Ley de Restitución de Tierras, los despojará de ellas.

Publicado por: REDACCIÓN AGROPECUARIA
Los compradores de buena fe sienten que la Ley de Restitución de Tierras, los despojará de ellas.
En Santander y sur del Cesar se tienen varios casos en los que la zozobra es pan de cada día.
Esos afectados estiman que ahora es el Estado quién los despojará, a pesar de haber comprado esas tierras con el fruto del trabajo de toda su vida.
Frente a lo anterior, el saliente ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, dijo que de existir aplicación para restitución de tierras, se abrirá un proceder jurídico donde se observe y respete el debido proceso.
“No es la restitución hecha administrativamente o arbitrariamente; e inclusive todo aquel que crea tener mejor título o mejor derecho que la víctima reclamante puede hacerse parte del proceso y habrá de decidirse en un incidente su recurso”, agregó Restrepo Salazar.
Para el Minagricultura, la Ley es muy clara y a ella puede acogerse todo aquel que se sienta afectado.
Según el funcionario, de esa manera y con transparencia jurídica se está aplicando esa Ley; igualmente según su concepto, los fallos que están saliendo contienen y mantendrán esos criterios.
“Y uno de esos criterios que tiene la Ley, es que quién hoy está instalado de buena fe, que no participó en el despojo y no es testaferro de los despojadores, el Estado debe indemnizarlo a valores comerciales del predio en el momento en que se dicte la sentencia para restitución”, agregó el funcionario durante su reciente visita a Bucaramanga.
Sin embargo, el Minagricultura sostuvo que esa hipótesis debe ser probada. A la vez aclaró que el predio en disputa debe devolvérsele al propietario despojado original, es decir, al reclamante, en el marco de la Ley de Tierras.
Es una carga
Para Jaime Eduardo Clavijo, director ejecutivo de Fedegasán, la Ley de Restitución y su regulación son una carga para el comprador de buena fe.
Para el directivo gremial, la valoración de buena fe entra al estadio de lo subjetivo y ahí, se está en manos del juez y no de los elementos probatorios, pues hasta el “miedo ha sido tenido en cuenta en varios fallos proferidos”.
Y frente a la indemnización comercial del predio, expresó que es una labor dispendiosa pues ésta debe provenir de la Lonja y no de un perito especializado.
“Se incurren en muchos costos. Por ejemplo, la gente afectada de San Alberto no pueden buscar la valoración en Bucaramanga sino en Valledupar”, agregó.
Para el directivo, esa persona que ya ha incurrido en gastos procesales, ahora, se le suma el de la valoración de la tierra, precio que se crece dependiendo del área del predio.
“Lo que queda claro, es que los compradores de buena fe, están siendo desprotegidos por esta Ley y no se les ha tenido en cuenta a pesar de estar en los linderos de un posible despojo”, agregó.














