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Martes 14 de marzo de 2023 - 12:00 PM

Admiten tutela de Asomineros Vetas contra sentencia del Consejo de Estado que pretende cambiar la política minera

Asomineros Vetas interpuso una acción de tutela en contra de la sentencia que impuso en Colombia la imposibilidad de desarrollar cualquier proyecto minero, y que busca acabar con el sector formal de la minería en Colombia.

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Archivo / VANGUARDIA Asomineros Vetas (Santander) invita a las demás agremiaciones, contratistas, mineros ancestrales y profesionales de la minería a participar activamente en el proceso, apropiándose en la defensa de los temas mineros pues esto también los afecta.
Archivo / VANGUARDIA Asomineros Vetas (Santander) invita a las demás agremiaciones, contratistas, mineros ancestrales y profesionales de la minería a participar activamente en el proceso, apropiándose en la defensa de los temas mineros pues esto también los afecta.

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Archivo / VANGUARDIA Asomineros Vetas (Santander) invita a las demás agremiaciones, contratistas, mineros ancestrales y profesionales de la minería a participar activamente en el proceso, apropiándose en la defensa de los temas mineros pues esto también los afecta.

El pasado 21 de febrero, la Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas (Asomineros), en cabeza de su representante legal, Ivonne Consuelo González Jácome, instauró una acción de tutela en contra de una sentencia, del 04 de agosto de 2022, del Consejo de Estado.

La razón, el inconformismo de los mineros por lo resuelto en el fallo de la acción popular que buscaba revolucionar y cambiar el 100 % de la política minera en Colombia y que pone en peligro, según el gremio, la Política de Formalización Minera.

Asomineros precisó que solo se vinculó como intervinientes a instituciones públicas como los ministerios de Ambiente y del Interior, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, “desconociendo el derecho a la participación ciudadana de los directamente afectados sobre las decisiones que se iban a tomar, es decir, no vinculó a grandes, medianos y pequeños mineros, quienes están en proceso de formalización o buscan formalizarse, y agremiaciones mineras más importantes del país”.

Ante esto González precisó que se interpuso una acción de tutela en contra de la sentencia, “que le impuso al país una moratoria minera, es decir, la imposibilidad de desarrollar cualquier proyecto minero, y que busca acabar con el sector formal de la minería en Colombia”.

Hay que recordar que hace 10 años se radicó una acción popular en contra del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que pretendía suspender indefinidamente la presentación de solicitudes de concesión minera y otorgamiento de títulos mineros, ni tener en cuenta las propuestas realizadas hasta tener certeza en la delimitación de las áreas disponibles para el otorgamiento de los mencionados títulos.

Según González, este proceso ha pasado por primera y segunda instancia a lo largo del último decenio sin tener ninguna trascendencia. Y no ha contado con la participación deliberativa de todos los actores afectados.

Hechos

Asominero denunció que, se manera coincidencial, la demanda fue presentada por el senador Iván Cepeda Castro y otros miembros de la política de izquierda colombiana, así como las organizaciones Centro de Estudios para la Justicia Social - Tierra Digna, Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (Censat) Agua Viva, Pensamiento y Acción Social - PAS, Corporación Servicios Profesionales Comunitarios – Sembrar y Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol.

“Estos no tienen ninguna vinculación con la minería ni presentan afectación personal con la misma. Por tal motivo, solo vincularon al proceso, conforme a lo solicitado, instituciones públicas y no contratistas mineros, quienes recibirían los perjuicios de una reforma”, dijo González.

Añadió que, paradójicamente, tres días antes de la posesión del presidente Petro se dio a conocer la sentencia del 04 de agosto de 2022, la cual toma el nuevo Gobierno como parte de su política para proponer reformas futuras.

Por ello, en la sentencia del 2022 con la pretensión de proteger el medioambiente, se ordena “actualizar la Política Minera Nacional para que la misma contemple acciones que permitan contrarrestar los problemas relacionados con el insuficiente ordenamiento territorial minero-ambiental, desarticulación institucional, y debilidades del modelo de control y fiscalización de los títulos mineros”.

De igual manera, pide modificar el Código de Minas, la manera de contratar, dejar de lado las áreas protegidas y detener el catastro minero, entre otros, “pues el fallo se convirtió en la materialización de la moratoria minera, de la cual hablaba Manuel Rodríguez Becerra, exministro del Medio Ambiente hace 10 años”, aseveró González.

Por eso, Asomineros Vetas (Santander) invita a las demás agremiaciones, contratistas, mineros ancestrales y profesionales de la minería a participar activamente en el proceso, apropiándose en la defensa de los temas mineros pues esto también los afecta.

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Publicado por Miguel Orlando Alguero

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