En un plazo de 30 días, la Concesión Ruta del Cacao debe responder a las solicitudes de la autoridad ambiental de carácter ambiental, social y económico para continuar con el trámite de modificación de licencia.
Si la Concesión Ruta del Cacao, encargada del proyecto vial 4G Bucaramanga-Barrancabermeja- Yondó desea que le aprueben la modificación de licencia ambiental para un nuevo trazado, debe entregar en un máximo de sesenta días la respuesta a 40 requerimientos de carácter ambiental, social y económico que emitió la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla.
Así lo estipula un informe de la Anla que conoció Vanguardia, tras revisar el nuevo diseño para los sectores entre Lisboa-Portugal-Lebrija presentado por la Concesión hace dos meses y tras una inspección a la zona por donde se construiría la doble calzada.
Esta es la tercera vez que la Concesión realiza el proceso de solicitud de modificación de la licencia ambiental, ya que a su juicio el diseño original (que cuenta con licencia) no cumplen con las necesidades de transitabilidad e incluyen zonas de coluviones y redes de hidrocarburos, que representarían problemas durante y posterior a su construcción.
Sin embargo, la autoridad ambiental ha negado la modificación de licencia asegurando que el trazado propuesto afectaría nacederos o manaderos de agua, toda vez que quedarían a menos de 100 metros de la calzada.
Esta situación, según las consideraciones técnicas de la Anla, restringe y limita las condiciones actuales de flujo, accesibilidad y calidad de dichos cuerpos de agua, por lo que muy seguramente, las comunidades que se surten de este recurso se verían afectadas y se desmejorarían no solo sus condiciones de vida, sino que se pondría en riesgo el recurso como tal.
Atendiendo dichas recomendaciones, la Concesión radicó hace dos meses un nuevo diseño en el cual, la vía se construiría a 100 metros de los nacimientos de agua identificados.
Ahora, la entidad solicita incluir seis nuevos cuerpos de agua identificados en la zona de influencia del proyecto.
Así mismo, se pide a la Concesión aclarar la longitud total entre los sectores, conocer el estado actual y las condiciones finales de los accesos veredales, privados y comunales que se encuentran dentro del área de influencia, aclarar el número de retornos, puentes vehiculares y peatonales que se construirían.
Según conoció Vanguardia, la autoridad ambiental encontró inconsistencias entre la información suministrada por la Concesión y la Base de Datos Geográfica o GDB y/o el estudio de impacto ambiental, EIA.
El informe señala que no se especifica el manejo de las redes eléctricas, acueducto y de hidrocarburos identificadas ante un posible traslado, reubicación o protección. Y pide precisión sobre los impactos ambientales, sociales y económicos para la región que se podrían generar durante el desarrollo del proyecto o posterior a su ejecución.
