miércoles 09 de diciembre de 2020 - 12:00 AM

En pandemia, 98 empresas de la ciudad han solicitado la insolvencia

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, desde abril en el país se han presentado 880 peticiones; agosto fue el mes récord con 169.
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El confinamiento por el COVID-19 afectó fuertemente las empresas, tanto que muchas empresas no tuvieron suficientes activos para pagar todas sus deudas, por lo cual se declararon en insolvencia. Según la Superintendencia de Sociedades, entre abril y noviembre de 2020 ascendieron a 880 este tipo de solicitudes, siendo agosto el mes con el mayor número de requerimientos.

Así lo confirmó el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, en una presentación ante empresarios de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia. Además indicó que “la ayuda del gobierno y la reapertura han contribuido a que las solicitudes bajen”.

De acuerdo con la presentación, en abril se presentaron 36 solicitudes; mayo 64; junio, 124; julio 135; agosto 169; septiembre, 143: octubre 118 y noviembre (hasta el 26) 91.

Según los datos de las Superintendencia, del total de solicitudes a nivel nacional, 690 fueron de procesos de reorganización y 190 de procesos de liquidación. Bogotá fue la ciudad donde se dieron más solicitudes (432), seguido por Medellín (161), Bucaramanga (98), y Cali (96).

El Superintendente de Sociedades, quien participó en el ciclo “Más allá del COVID”, organizado por AmCham Colombia, agregó que estas 880 solicitudes abarcan 30.947 empleos, de los cuales 28.498 están en procesos de reorganización y 2.449 en liquidación. También representan $9,3 billones en activos, $8,4 billones en pasivos para un total de $883 mil millones en patrimonio.

Según la composición de las empresas, el Superintendente confirmó la previsión de que esta es una crisis que le pega más duro a las micro y pequeñas empresas.

“En el 2018 y 2019 teníamos alrededor de 100 solicitudes de insolvencia mensuales y para el primer trimestre del 2020 estábamos mas o menos en 70 y eso era muy bueno ya que mostraba que íbamos muy bien en el tema económico”, aseguró Liévano sobre la situación pre-pandemia.

Según los escenarios desarrollados en marzo por la Superintendencia de Sociedades sobre el impacto del COVID-19 sobre la economía y sobre las empresas, determinó que entre el 17,8% y 37% estarían en riesgo de insolvencia, donde las micro y pequeñas empresas serían las más afectadas.

Acciones desarrolladas

Dadas las proyecciones para 2020, la Supersociedades realizará tres acciones para hacerle frente a la situación que ‘golpea’ a las empresas. En primer lugar, un cambio legislativo en materia de insolvencia que atendiera los aspectos más relevantes de la crisis que eran las pequeñas y microempresas. Segundo, acelerar la virtualidad y el uso de las herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para seguir trabajando. Y tercero, hicimos una pedagogía de crisis”, dijo Liévano sobre la acción de la Superintendencia desde marzo cuando comenzó la pandemia.

Los cambios en materia normativa comprenden el decreto 560 de 2020 que “introduce nuevas instituciones para facilitar la recuperación empresarial y la preservación de la empresa y el empleo sin descuidad el crédito, incluyendo a todos los actores económicos y proporcionando mecanismos financieros novedosos y soluciones extrajudiciales prontas y eficaces”. También el decreto 772 de 2020 que “crea mecanismos legales para facilitar y agilizar los procesos de reorganización empresarial e introduce procesos de reorganizaciones abreviados y liquidación judicial simplificados para pequeñas insolvencias”.

Por otro lado, la Superintendencia de Sociedades implementó la primera etapa del Módulo de Insolvencia donde se pueden presentar solicitudes de admisión a los tramites y procesos de insolvencia y esperan completarlo en el primer trimestre de 2021. También se puso en marcha el portal inteligente de Sistema Integrado de Información Societaria (SiiS) que reúne y conecta información financiera para generar alertas contables y financieras, además brinda datos sectoriales y regionales.

Finalmente, Liévano contó que “lo último que hicimos fue la pedagogía de crisis y esto es supremamente importante. No se trata de ganar batallas jurídicas, sino de llegar a acuerdos y compromisos económicos que requieren innovación financiera y gerencial. Por lo que hicimos pedagogía para apoyar que la crisis empresarial se supere, preferiblemente por fuera del escenario judicial, o bajo este escenario llegando a acuerdos con innovación gerencial y financiera”.

ACCIONES DESARROLLADAS
“Dadas las proyecciones para 2020, la Supersociedades realizará tres acciones para hacerle frente a la situación que ‘golpea’ a las empresas. En primer lugar, un cambio legislativo en materia de insolvencia que atendiera los aspectos más relevantes de la crisis que eran las pequeñas y microempresas. Segundo, acelerar la virtualidad y el uso de las herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para seguir trabajando. Y tercero, hicimos una pedagogía de crisis”, dijo Liévano sobre la acción de la Superintendencia desde marzo cuando comenzó la pandemia.
Por otro lado, la Superintendencia de Sociedades implementó la primera etapa del Módulo de Insolvencia donde se pueden presentar solicitudes de admisión a los tramites y procesos de insolvencia y esperan completarlo en el primer trimestre de 2021. También se puso en marcha el portal inteligente de Sistema Integrado de Información Societaria (SiiS) que reúne y conecta información financiera para generar alertas contables y financieras, además brinda datos sectoriales y regionales.
Finalmente, Liévano contó que “lo último que hicimos fue la pedagogía de crisis y esto es supremamente importante. No se trata de ganar batallas jurídicas, sino de llegar a acuerdos y compromisos económicos que requieren innovación financiera y gerencial. Por lo que hicimos pedagogía para apoyar que la crisis empresarial se supere, preferiblemente por fuera del escenario judicial, o bajo este escenario llegando a acuerdos con innovación gerencial y financiera”.
dato
La solicitud de admisión a un proceso de insolvencia deberá hacerse directamente por el deudor o el acreedor o por su apoderado, quien deberá ser abogado.
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