viernes 19 de julio de 2019 - 12:00 AM

Protestan en contra Isagen por modificación de licencia

Comunidades del área de influencia del embalse Topocoro denunciaron que la modificación de la licencia ambiental solicitada a la Anla se aplica solo a uno de los 25 embarcaderos. Que se hace para favorecer a un grupo de empresarios.

Con la intención de hacerse sentir, decenas de personas que habitan el área de influencia del embalse Topocoro se concentraron en el sector Lisboa, en la variante que comunica a Bucaramanga con San Vicente de Chucurí, sobre la vía que conecta la capital del departamento con Barrancabermeja, para protestar en contra de Isagen y la Gobernación de Santander.

Desde las 8:00 de la mañana de ayer empezaron a llegar campesinos y colonos del sector, quienes manifestaron no estar de acuerdo con las modificaciones a la licencia ambiental de la represa, que Isagen solicito a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, por considerarlas nocivas para los intereses de la población.

“Las modificaciones no se están haciendo como se había dicho que eran para las 40.7 hectáreas, que representan los 25 embarcaderos, para poder acceder a la represa, sino lo van a hacer para un embarcadero en particular, la solicitud es solo para 2.7 hectáreas”, indicó Víctor Dulcey, representante legal de la Corporación Campesina del Área de Influencia del Embalse Topocoro, Cortopocoro.

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“Privatizan el embalse”

El representante legal de Cortopocoro manifestó que el embalse Topocoro lo están privatizando.

“Lo denuncio porque Isagen y la Gobernación de Santander están promoviendo una modificación a la licencia ambiental de la represa, que no es para las construcciones y adecuación de los 25 embarcaderos, de los cuales 22 son públicos y 3 privados, sino para el desarrollo de un solo embarcadero en especial, medida que no beneficiará en nada a la comunidad”, expresó el representante de las comunidades asentadas en el área de influencia del embalse.

Intereses particulares

Víctor Dulcey aseguró que la solicitud de Isagen a la Anla es sesgada, para beneficio de particulares.

“Existen intereses de personas de la Gobernación de Santander, que deben declararse impedidas, no lo han hecho, que siguen haciendo manejo interno para beneficio propio, en detrimento del bien colectivo. El secretario de Desarrollo de Santander, Samuel Prada, es accionista y dirigente de Corsogamoso, los que compraron 4.000 hectáreas, y que están desarrollando un complejo turístico en el sector, que van a desarrollar 1.600 parcelaciones.

Además, advirtió que la comunidad con la construcción del embalse se ha visto afectada con daños en el medio ambiente, cambios climáticos, desplazamiento de animales, pérdida de cosechas, mal estado de las vías, y disminución del recurso pesquero, “y ahora ve como se direccionan las licencias ambientales para beneficio de particulares”.

“Están equivocados”
Frente a los señalamientos, el secretario de Desarrollo de Santander, Samuel Prada, le aseguró a Vanguardia que “no tienen razón, que están equivocados”.
“En este caso la experticia técnica de la compañía que hizo la batimetría identificó el sitio ‘Las Vegas’, que hace cinco años como los otros 24 lugares habíamos identificado en el Plan de Ordenamiento del Embalse (POE), como el lugar más adecuado para construir la marina. Hágase en ‘Las Vega’ o en ‘Las Cruces’, que es el otro lugar donde se podría construir la marina, de acuerdo POE, que es en la zona de los coluviones de la vía Barrancabermeja - Bucaramanga. En cualquiera de los puntos pasará lo mismo, la capacidad técnica y económica es la que determina dónde debería hacerse. Nosotros dejamos recomendado, establecido, y solicitado a la Anla, a Isagen la donación de los predios para que se haga ahí, no lo haremos nosotros, lo hará el gobierno que venga, pero lo que estamos tratando de hacer es dejar liberado el territorio. Cuando quieran desarrollar cualquier otro lugar, de los otros 24 sitios, públicos o privados, van a tener que hacer trámites, que impondrán una serie de requisitos, que no los impone el departamento, lo imponen las autoridades ambientales (CAS, CDMB, Anla), entonces no encuentro dónde exista favorecimiento, porque lo que se planteó es que exista una marina pública, no privada, para el beneficio de todos los habitantes del territorio”, argumentó Prada.
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