jueves 11 de agosto de 2022 - 3:43 PM

¿Cuánto dinero perdería Colombia si se prohíbe el fracking?

Sin esta técnica el país perdería $324 billones en 30 años. Sin embargo, siguen los debates sobre la dependencia del país en los combustibles fósiles y el daño al medio ambiente.

En repetidas ocasiones, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha recalcado que “Colombia no es un país petrolero” y que, en vez de invertir millones en la búsqueda de yacimientos, se debe pensar en el cambio a las energías limpias.

En este sentido, la Ministra ha prometido un proyecto de ley que prohiba la práctica de exploración de fracking y otras técnicas de explotación no convencionales de hidrocarburos en el país, iniciativa a la que el pasado 10 de agosto se sumó un grupo de congresistas, encabezados por la senadora María José Pizarro, con la radicación de un proyecto de ley que busca cerrar la entrada definitiva al fracking.

Así, este proyecto, que contó con el apoyo del Gobierno Nacional, a través de la ministra Mohamad, no solo prohíbe la práctica del fracking, sino que además veta el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) de Platero y Kalé, e incluso busca congelar la licencia ambiental de este último, la cual aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Frente a esto, estudios del gobierno del expresidente Iván Duque ya habían advertido que, desde el punto de vista de ingresos tributarios, el desarrollo de estos proyectos podrían representar una importante fuente de recursos con la que actualmente la Nación no cuenta.

Por tal razón, esta técnica, afirmaron dichos estudios, le dejaría a las finanzas públicas $324 billones en 30 años, lo que equivaldría alrededor del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia.

“La fracturación hidráulica es una solución en el mediano plazo para garantizar la autosuficiencia energética en materia de crudo y gas en Colombia. Esta puede traer consigo impactos positivos sobre la economía del país y el desarrollo sostenible de las regiones, siempre y cuando se realice de acuerdo a la normatividad vigente y se dé una ejecución responsable de la actividad, que permita anticipar y mitigar posibles externalidades negativas”, afirmó en su momento el Gobierno anterior.

De nuevo, este asunto sigue teniendo opiniones encontradas. El principal argumento del proyecto de ley radicado es que, según Muhamad, no es lógico que si el país quiere una transición social y económica, que busca de soluciones para la crisis climática, se continúe profundizando la dependencia a los combustibles fósiles.

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