Avianca ha sido la empresa que ha puesto a debatir al país recientemente sobre la posibilidad de que el Estado financie al sector privado, vía compra de acciones, para no cerrar definitivamente su operación en medio de la crisis del COVID-19.
El viernes, a través de la divulgación del Decreto 811, se confirmó que esta puerta está abierta y se ponen las reglas de juego para hacer viable estas transacciones para empresas: públicas, privadas o mixtas, con participación minoritaria.
Esto teniendo como contexto que con corte a abril 17, 85 % de las empresas le reportaron a la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras) que no tenían recursos más allá de dos meses; y el 54 % de los empresarios preveía un escenario en el que debía despedir personas.
¿Qué se pide? El Decreto asegura que la Nación le podrá exigir a sus propietarios que “garanticen que comprarán la participación del Estado dentro de un plazo determinado”.
Esto, explica, el profesor de la Universidad Nacional, Raúl Ávila, funciona como una especie de “fondo de inversión (...) en donde capitaliza a las empresas, saca una rentabilidad, pero en un plazo podrá exigirles la recompra para tener una ganancia”.
Incluso, asegura el documento que es factible solicitar que se vendan en conjunto con las acciones previamente adquiridas por la Nación lo que sea necesario para “enajenar el control de la misma (sic), y que garanticen este compromiso mediante mecanismos que aseguren que las respectivas acciones o derechos estarán disponibles para ser vendidos en el plazo acordado” .
Desde la perspectiva del investigador de la Universidad Sergio Arboleda, Luis Fernando Ramírez, esta “es una decisión política, si bien no es un buen negocio, pues son empresas que no tienen sostenibilidad, no contar con estas compañías en el mediano plazo también es un gran riesgo para la recuperación económica general, porque son enclaves para el movimiento financiero y económico del país”.
Ávila asegura que esta decisión deberá tener un análisis profundo “para invertir y utilizar los recursos del Estado bien para salvar a las empresas en esta coyuntura”.
Compromisos
Eso sí, deja claro a las futuras organizaciones que sean sujetas de este salvamento que seguirán siendo las encargadas de responder ante las obligaciones financieras, tributarias, pensionales “sin que la Nación sea responsable” por ellas.
¿De dónde saldrán los recursos? Se podrán tomar del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), dice el Decreto “como también lo podrán hacer las demás entidades estatales del nivel nacional que tengan a su nombre las respectivas acciones o participaciones, con cargo a su propio presupuesto”.
El producto de las transacciones de venta serán destinados a este mismo fondo o para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías (FNG), o disminuir el monto de deuda adquirida por el Estado para atender la emergencia.
El Decreto les advierte a las empresas que mantendrán la naturaleza jurídica que tenían antes de la compra accionaria. Si los títulos cotizan en bolsa serán vendidos por “su precio de mercado, de acuerdo con las ofertas que reciba” e incluso la norma reseña que “cuando el Gobierno nacional decida fijar un precio mínimo para las mismas, podrá mantenerlo en reserva con el fin de proteger el patrimonio público”.
En opinión de Ramírez, con esto se “profundizará el mercado de capitales (...) y permite canalizar vía propiedad accionaria para recuperar posiciones financieras de compañías en dificultades de mercado (...) que no son causadas por su gestión, sino por el tema de salud pública y el confinamiento”.
¿Ya hay candidatas?
Un aspecto relevante se muestra en el artículo 3 en el que se exige que las beneficiarias de estas transacciones de servicios “de interés público” deben tomar las medidas necesarias para que en la enajenación de las acciones no se afecte la continuidad en el servicio.
No obstante, es relevante reiterar, que en la evaluación debe precisarse muy bien una posible ayuda a las compañías y si la posición de vulnerabilidad proviene de malos manejos anteriores o únicamente de la crisis.
El economista José Roberto Acosta sugiere que este artículo podría estar más encaminado a Electricaribe que fue asignado antes de la pandemia, y que en esta situación “enreda ante la venta de la propiedad accionaria financieramente al comprador, y eventualmente el que compró le haga algún reclamo o le entregue el negocio al Estado y que este otra vez deba asumir el servicio”.
Vale recordar que Empresas Públicas de Medellín se quedó con Caribe Mar, y con este bloque aumentó su prestación a 19 millones de usuarios, con Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.
