Regulaciones ambientales y de operación tienen preocupado al sector, que pide construir sobre lo construido.
Dos temas que tiene inquietas a las compañías mineras con operación en el país y que en cuestión de días serán anunciados por el gobierno del presidente Gustavo Petro, terminarían por afectar el desarrollo de esta actividad extractiva.
Son la reforma al Código de Minas y la elaboración de unos nuevos términos de referencia en materia ambiental para esta actividad, cuyos textos deberán quedar vigentes en el segundo semestre del presente año.
Para el primer tema, a la fecha se han realizado reuniones programadas entre representantes del Gobierno nacional y funcionarios del Ministerio de Minas y Energía con los distintos sectores (empresas y voceros) que desarrollan la tarea minera en el territorio nacional, para redactar de manera consensuada un nuevo texto que contenga las reformas al Código de Minas.
“El país lleva 22 años con la Ley 685 de 2021 que rige el actual código para la actividad minera, y en la norma prevalece que el Estado no es empresario, pero con la reforma se buscará que la Nación tenga empresas con participación 100% de la operación y desarrollo directo de proyectos mineros”, explicó Giovanni Franco, viceministro de Minas.
El funcionario precisó que, entre los cambios que tendría la norma también se buscará que el Banco de la República sea el único que compre el oro que se extraiga en el país como se viene planteando desde hace varios años para hacerle frente a la comercialización de oro ilegal, se crearán mecanismos para fortalecer el conocimiento geocientífico para mejorar la exploración y producción de los minerales llamados de la transición energética como el cobre, el litio y el níquel.
Así mismo, con la reforma al código, el Ejecutivo pretende darle mayor seguridad en operación y financiamiento a la minería informal y artesanal.
“Hay un proceso construido desde todo el abanico de la actividad minera que abarca a los pequeños mineros informales y a las mineras con operación a gran escala, quienes han hechos sus aportes. Ahora la misión es mirar con estos actores qué se puede mejorar en su contenido para expedir una nueva norma”, explicó Franco.
El funcionario dejó en claro que, con la reforma, además de fortalecer la investigación y estudios para tener una mayor certeza del potencial geológico en cuanto a los minerales de la transición, simultáneamente se seguirán entregando títulos mineros para la exploración y producción. “Es sincronizar la geología con la minería para darle mayor certeza a la extracción de minerales que beneficien al país”, dijo el viceministro.
Reforma politizada
Por su parte, para las empresas mineras, la construcción del nuevo Código de Minas debe contar con una participación activa del sector. “Hacerlo de manera eficaz y efectiva, en la que se tenga muy en cuenta el aporte del gremio y de las compañías de la industria: pequeñas, medianas y grandes”, resaltó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Sin embargo, el líder gremial subrayó que existe una preocupación en el sector ya que la discusión en torno al contenido del código “tiene tintes políticos” por parte algunos senadores o representantes a la Cámara, quienes quieren apartar la reforma de los debates técnicos.
Para el sector, la estructuración técnica del nuevo Código de Minas, y el mismo contenido de esta norma, debe ser liderado por las entidades del gobierno que se encargan del tema, así como de los representantes del gremio y las empresas mineras, y no de algunos congresistas activistas y ambientalistas que con la excusa de su reforma buscan en últimas ponerle freno a esta industria.
“En este proceso, el gobierno busca hacerle cambios muy profundos al Código de Minas y no vemos una necesidad real de hacerlo ya que el país, además de tener una institucionalidad, posee una jurisprudencia fuerte en la materia que se ha construido a través de los años. Y este debe ser el punto de partida para hacer los cambios al contenido de la norma dentro de unas conversaciones democráticas efectivas”, dijo el líder gremial.
Así mismo, Nariño recalcó que partir de cero en las discusiones “es retroceder” en todo el desarrollo jurisprudencial, y que por esta razón el gremio seguirá insistiendo en que se deben mantener las leyes y normas actuales sobre el desarrollo de la operación minera.
“Se ha mencionado por parte del gobierno la intención de incluir las pequeñas y medianas unidades mineras familiares, pero se debe dialogar más sobre este tema”, dijo Nariño.
