En el corto plazo, el objetivo es usar el indicador más favorable entre los que actualmente impactan el costo de las tarifas de energía, como el Índice de Precios al Consumidor IPC o el Índice de Precios del Productor IPP.
Ante las peticiones justificadas de los usuarios y distintos mandatarios regionales por el incremento en los precios de las tarifas de energía, el Ministerio de Minas y Energía, a través de un comunicado, señaló que está trabajando en medidas para atender esta problemática en el corto plazo y encontrar una solución definitiva en el largo plazo.
“En el corto plazo, se está considerando la posibilidad de elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa. Para el mediano plazo, estamos construyendo un indicador específico para el sector eléctrico que nos permita lograr la justicia tarifaria en el país”, dijo la viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz Mendoza.
Además, en conjunto con la Creg, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Hacienda, se revisará la regulación de las tarifas de energía con el fin de que sean estables y asequibles para todos los ciudadanos, en especial los ubicados en la Costa Caribe.
De igual manera, el Gobierno tiene un diálogo abierto con los mandatarios locales y departamentales, los grandes usuarios de energía, los generadores de la cadena, la Creg, la Superservicios, Air-e y Afinia para dar una solución a esta problemática a través de la creación de ese Pacto por la Justicia Tarifaria.
Es importante mencionar que el cálculo de las tarifas de energía depende de varios componentes que representan los segmentos de la cadena de valor de la electricidad: la generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones.
Los índices de IPC y el IPP afectan los diferentes componentes de la cadena de valor de la electricidad y es ahí donde el Ministerio de Minas y Energía ve una oportunidad de acción inmediata desde la regulación y desde las voluntades de los generadores.
“Es responsabilidad de este Gobierno velar por una justicia tarifaria, en la que los usuarios pueden acceder a la energía a costos razonables. Además, los usuarios tienen derecho a un servicio de calidad, en el cual las empresas hagan las respectivas inversiones con las cuales se comprometieron y así podamos mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”, dijo la ministra, Irene Vélez Torres.
