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Nacional
Domingo 23 de octubre de 2016 - 12:00 PM

Las 10 perlas que trae la reforma tributaria

El diablo está en los detalles, dice el refrán, y se podría aplicar al proyecto de ley de 183 páginas y 311 artículos que radicó esta semana en el Congreso el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

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“El diablo está en los detalles”, dice el refrán, y se podría aplicar a la polémica reforma. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)
“El diablo está en los detalles”, dice el refrán, y se podría aplicar a la polémica reforma. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

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“El diablo está en los detalles”, dice el refrán, y se podría aplicar a la polémica reforma. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

El Gobierno dejó sobre la mesa su propuesta, en los últimos días ha llamado la atención en algunas modificaciones angulares, como en impuesto de renta e IVA, así como en la creación de otros tributos.

Pero la novedad va más allá. Darse cuenta de muchos cambios pasa por la dispendiosa tarea de sentarse a comparar el articulado divulgado propuesto con el Estatuto Tributario vigente. Hasta ahora sus promotores no lo hicieron por iniciativa propia, en aras de una mejor pedagogía entre contribuyentes.

Así, por ejemplo, se advierte desde que pasarían en IVA de “excluidos” a “exentos” las armas de guerra que compre la Fuerza Pública, pasando por sugerir discrecionalidad a la Dian en retención en la fuente (anticipos del impuesto de renta) y hasta que, en la práctica, los planes de voz y datos pagarán un impuesto real de 23 % adicional al valor del servicio.

Con ayuda del consultor tributario Julio César Leal, este diario recoge diez “perlas”, positivas o no, según desde donde se le miren, que harán parte de la discusión en ciernes con las comisiones terceras de Senado y Cámara de Representantes.

1. Movimientos en el IVA

De la categoría de excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA), es decir que no tiene obligación de declararlo, a los machetes y otras herramientas con filo para el agro (partida arancelaria 82.08.40.00.00) que, al no aparecer en otras modificaciones, pasaría a tener la tarifa general de 19 %. Una empresa como Incolma vería afectadas sus ventas al no poder asumir ese costo y tener que trasladarlo al precio.

También se excluyeron las partidas referentes a autopartes de vehículos a gas, que sugiere al Legislativo tengan IVA de 5 %, “con el fin de que tenga un tratamiento similar a las carrocerías y partes de los vehículos eléctricos”, justifica la exposición de motivos.

En contraste, la única partida que se movió de excluidos a exentos es armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas, de uso privativo de las fuerzas Militares y la Policía Nacional” (SIC).

Cabe recordar que los bienes exentos tienen 0 % de IVA y deben declarar, pero pueden cruzar esa tarifa con el IVA de sus compras, lo que se traduce en poder ofrecer mejores precios.

Así que esta propuesta del Gobierno beneficia a Indumil, industria militar oficial, y de manera indirecta ahorraría recursos al presupuesto de la Nación dirigidos al sector defensa. De resto, si bien no toca la canasta familiar (sin IVA aparente), los hogares tendrían que hacer cuentas con una tarifa general de este impuesto que pasaría de 16 % al 19 %.

2. Gravar periódicos, grave

Los medios de comunicación impresos deben estar haciendo cuentas de cómo sortear que el Gobierno proponga un IVA del 5 % sobre el valor final que pagan los lectores, cuando hasta ahora la publicaciones periódicas estaban exentas.

La exposición de motivos del Ministerio de Hacienda asegura que “se ha encontrado que las múltiples exenciones y exclusiones afectan la productividad y eficiencia del impuesto”.

Pero a juicio del consultor tributario Tulio Restrepo Rivera, “gravar los periódicos es como gravar la información, cuando informarse es parte de la democracia. Además, este impuesto no va a rentabilizar mucho los ingresos de la Nación”.

Por su parte, María Alejandra Gruesso, presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, comentó que se trabajara en una propuesta para “demostrarle al Congreso la inconveniencia de mantener el IVA sobre materiales escritos que facilitan y aportan a la lectura”.

3. Más recaudadores de IVA

Mas pequeños comerciantes trabajarían para la Dian. Por eso no les debe caer bien que ahora los ponga a ser responsables del cobro y declaración del IVA, al bajar de 4.000 UVT a 3.500 el umbral del Régimen Simplificado de este impuesto.

Eso en 2016 sería reducir en 14,87 millones de pesos, hasta los 104,13 millones de ingresos brutos anuales, la frontera entre declarar o no el impuesto sobre las ventas.

“No solo se sube la tarifa general del IVA, sino que la Dian busca más recaudadores. También baja el umbral al mismo nivel para la suma de consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras”, señala Leal Duque.

4. Sobre pagos en efectivo

El proyecto de reforma (artículo 135) anticipa un año, de 2019 a 2018, la gradualidad de los pagos en dinero efectivo que se hagan y puedan ser deducibles del impuesto de renta.

Así que en 2018 se reconocerá fiscalmente el 85 % de lo pagado, sin superar las 100 mil unidades de valor tributario (UVT, unos 2.915 millones de pesos de hoy).

Superior a ese monto, se admiten costos y deducciones soportados en transacciones bancarias. En la práctica, esto podrá afectar a quienes trabajan en el agro o la minería, en zonas rurales alejadas a donde no ha llegado la bancarización para el pago, por ejemplo, de salarios a los trabajadores.

5. Ajuste Industria y comercio

Una queja generalizada entre empresarios es cómo se determina la base gravable para pagar el impuesto municipal de Industria y Comercio sobre los ingresos brutos y no sobre las utilidades.

La propuesta del Gobierno no atiende esta sugerencia de más justicia tributaria y puede resultar ser regresivo: dos establecimientos que vendieron 1.000 millones de pesos, el uno con utilidades de 100 millones y el otro con apenas de un millón, deben pagar el mismo monto por este tributo.

Se mantiene el rango para que los municipios cobran entre 2 y 7 pesos por cada mil de ingresos a la industria o entre 2 al 10 por mil en comercios y negocios y de servicios.

6. Ojo a la renta presuntiva

Una pequeña reforma agraria lleva implícita la propuesta de ajuste al Estatuto Tributario. Siguiendo la recomendación de la Comisión de Expertos Tributarios de eliminar el impuesto a la riqueza a empresas y personas, se sube de 3 % a 4 % el impuesto sobre la renta presuntiva.

Por este concepto se entiende la utilidad mínima que debería tener un patrimonio. El aumento se justifica en la exposición de motivos del articulado con una tasa de inflación de largo plazo de 3 %, según el Banco de la República: “lo que implicaría que esta tasa de renta presuntiva (vigente) implicaría rentabilidad real nula”.

Así las cosas, el artículo 93 del proyecto de reforma propone: “se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al cuatro por ciento de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior”.

De esa manera, por ejemplo, empresas y colombianos que tengan tierras improductivas (de engorde) deberán ponerlas a producir para compensar el aumento o, si no tiene con qué pagar, salir a vender ese patrimonio.

7. Retefuente, ¿discrecional?

Al artículo 365 del Estatuto Tributario determina facultades para establecer la retención en la fuente, que es un anticipo del recaudo del impuesto de renta y que no debe superar la aplicación de la tarifa.

Ahora el Gobierno sugiere al Congreso añadirle que la Dian pueda establecer de manera discrecional “un régimen exceptivo” de pagos mensuales provisionales de los contribuyentes. “Se tendrá en cuenta para su estimación las utilidades y los ingresos brutos del periodo gravable inmediatamente anterior”, señala el artículo 123 del proyecto de ley.

A juicio del tributarista Leal, esta discrecionalidad no es sana y puede prestarse para abusos en la tasa de retenciones, según las necesidades de recaudo del Gobierno.

“A una persona natural o empresa le pudo haber ido muy bien en 2016, pero por cosas de la vida, en 2017 le fue muy mal. Sin embargo, la Dian con ese sistema puede fijar retenciones altas y dejar sin flujo de caja a esa empresa o persona”, argumenta.

8. Datos y voz: tarifa del 23 %

En los planes del Ministerio de Hacienda está que las 57,92 millones de líneas de telefonía móvil que hay en el país (79,82 % prepagos), según las últimas cifras oficiales disponibles a junio, paguen 7 % más.

No solo plantea que les suban el IVA de 16 % a 19 % en la factura. También se sugiere que los 8,19 millones de usuarios que tienen internet en sus celulares, desde 2017 paguen un 4 % más sobre el valor de este servicio. Así se busca extender de voz a los datos el Impuesto al Consumo, que se destina a financiar el presupuesto público para cultura (40 %) y deporte (60 %).

En la práctica, se trata de un gravamen final de 23 % para quien tenga en su celular voz y datos, pero también una barrera de precio para quienes son de más bajos recursos, asumiendo que los operadores no absorberían todo ese costo adicional y deberían trasladar una parte a sus clientes.

“Hoy las telecomunicaciones no son un servicio suntuario. Es ilógico que se quite el IVA a los celulares de menos de 650 mil pesos, que la persona de bajos recursos haga el esfuerzo de comprarlo, pero luego el servicio de voz y datos sea más costoso”, comentó con indignación Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, gremio de los operadores.

Pero también le preocupa que a los hogares de estrato 3 les pongan un IVA de 5 % en su servicio de internet dedicado. En ese nivel socioeconómico registra el MinTIC que hay 1.64 millones de usuarios a junio pasado, es decir, 28,69 % del mercado nacional de banda ancha fija.

“Esperamos que el Congreso sea consciente de que esta mayor carga de impuestos no es un problema para los operadores, sino para los usuarios de internet fijo y móvil”, concluyó Gutiérrez.

9. Zonas francas, a pagar más

Para las empresas industriales y comerciales que operan en las conocidas como zonas francas, cuya principal virtud son los beneficios tributarios para fomentar las exportaciones, les aumentaría en 7 % la tarifa combinada de renta.

Así lo concluye un análisis de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz al retomar la propuesta del Gobierno que dejaría a las industrias con una tarifa de renta 10 % menor que la general y para 2017 sería de 24 %. Para los usuarios comerciales de zona franca estarán sujetos a la tarifa general de renta, que sería de 34 % para 2017, 33% para 2018 y 32% desde el 2019

“La tarifa corporativa de renta combinada para usuarios industriales de zona franca podría llegar a ser de hasta 29 % para el 2017, 26 % para el 2018 y 22 % a partir del 2019. En relación con los usuarios comerciales, las tarifas aplicables podrían ser de hasta 39 % para el 2017, 36 % para el 2018 y 32 % desde el 2019”, concluye el informe.

Y una más, gradualidad en sanciones

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Publicado por COLPRENSA

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