En este momento, Colombia tiene una oferta muy limitada de vehículos eléctricos e híbridos de manera que restringir yo eliminar los beneficios indicados en el artículo 3 del Decreto 2051 de 2019 podría obstaculizar la transición energética y limitar las opciones disponibles para los consumidores interesados en adquirir vehículos más limpios y eficientes, recalca el gremio.
Desde el Gobierno nacional, se publicó hace unos días el decreto “por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas y se establecen contingentes arancelarios para la importación de automotores que tiene como objetivo fortalecer la industria automotriz nacional, que es clave en el proceso de reindustrialización, promover la inversión y fortalecer los encadenamientos productivos”.
Ante esta iniciativa, Andemos precisa que el decreto crea un nuevo contingente automotor, destinado a las empresas que hacen parte del Programa de Fomento para la Industria Automotriz – Profia y/o el Régimen de Transformación o Ensamble, sujeto al cumplimiento de requisitos de producción e inversión.
Sin embargo, dentro del artículo de derogatorias del proyecto, se interpreta que se eliminarían los beneficios que actualmente otorga el Decreto 2051 de 2019 a la libre importación de vehículos eléctricos originarios de aquellos países con los cuales Colombia no cuenta con acuerdos comerciales como son China y Japón, lo que representaría un fuerte retroceso para la transición energética del sector, advierte Andemos.
Si bien es necesario buscar soluciones innovadoras y sostenibles para promover el desarrollo económico y la reindustrialización, Andemos considera que no se debe comprometer los avances alcanzados de transición energética del sector, en donde Colombia se ha convertido en un referente regional gracias a la política de incentivos a los vehículos híbridos y eléctricos.
“No obstante estos importantes logros, la penetración de vehículos híbridos y eléctricos no alcanza el 1 % de la flota vehicular del país”.
Limitaciones
En este momento, Colombia tiene una oferta muy limitada de vehículos eléctricos e híbridos de manera que restringir y/o eliminar los beneficios indicados en el artículo 3 del Decreto 2051 de 2019 podría obstaculizar la transición energética y limitar las opciones disponibles para los consumidores interesados en adquirir vehículos más limpios y eficientes, recalca el gremio.
Por tanto, afirma que la restricción de beneficios a los importadores de vehículos eléctricos para fortalecer la industria nacional que solo fabrica vehículos de combustión no parece ser una medida coherente con la transición energética que pretende hacer el Gobierno nacional, tal como se indica en el Plan Nacional de Desarrollo Ley 2294 de 2023.
En el plan se menciona la transición energética como uno de los principales objetivos del gobierno colombiano.
“La importancia de esta transición radica en la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y mitigar los efectos del cambio climático, así como en la oportunidad de impulsar el desarrollo económico y social del país a través de la adopción de tecnologías limpias y energías renovables”.
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo propone una serie de medidas para fomentar la inversión en proyectos sostenibles, promover el acceso a financiamiento para proyectos de energías renovables y eficiencia energética, establecer normas y regulaciones que fomenten la adopción de tecnologías limpias, e impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias.
Para Oliverio García, presidente de Andemos, “es esencial encontrar un equilibrio entre fortalecer la industria nacional y promover la transición energética hacia tecnologías limpias. Restringir los beneficios para importadores de vehículos eléctricos puede ser contraproducente, obstaculizando la adopción de vehículos más limpios y eficientes. Esto no solo contribuiría a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, sino que también podría generar empleo y desarrollo económico en el país. Es importante tener en cuenta que la transición energética es un proceso complejo que requiere una estrategia integral y coordinada entre diferentes ministerios y actores.”
