viernes 02 de diciembre de 2022 - 12:00 AM

Lo que debe saber: Estas son las cifras del arranque de la negociación del salario mínimo 2023

Si las partes no llegan a ningún acuerdo antes del 15 de diciembre, el Gobierno tiene hasta el 30 de ese mes para expedir por decreto el aumento salarial del próximo año.

Ya se iniciaron las reuniones en la Mesa de Concertación Salarial, donde están sentados los gremios, las centrales obreras y el Gobierno nacional para definir el aumento del mínimo del próximo año, que tiene como fecha límite el próximo 15 de diciembre.

No obstante, hasta el 9 de diciembre las tres partes deben presentar sus ofertas oficiales para el incremento salarial del 2023, con base en la inflación proyectada de 2022 del 12%, la cifra de productividad del Dane del 1,24%, y la tasa de desempleo que llegó a 9,7%.

Hay que recordar que el año pasado el incremento del salario mínimo fue del 10,07%, por encima de la inflación, y llegó a $1.000.000.

Incluso, ha tomado fuerza un estudio del Banco de la República que precisó que un incremento del salario mínimo del 1% por encima de la inflación, provoca una reducción del 1% en el empleo.

¿Cómo están las apuestas?

El Centro de Estudios Económicos Anif sugirió que el incremento del salario mínimo para 2023 ronde el 13,9%.

“Un incremento mayor a la combinación de la inflación y la productividad total de factores puede llevar a efectos indeseables, como mayor informalidad, menor contratación, vivienda de interés social más cara e imposibilidad de cotizar para salud y pensión”, precisó el centro de estudios.

Recordó que en los últimos años el incremento del salario mínimo ha sido superior a la fórmula de inflación más el aumento de productividad, lo que implica un crecimiento real en el valor del salario mínimo que ganan los colombianos.

“Debido a que la mitad (52%) de los trabajadores ganan menos de un mínimo, un incremento de los costos salariales por encima del ajuste por inflación y productividad puede imponer mayores barreras a la formalidad o incluso a la contratación”, enfatizó Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif.

Otra entidad que destapó sus cartas fue Fedesarrollo. El centro de estudios insistió en que la propuesta de aumento debe hacerse con base en la inflación estimada de 2022 y el crecimiento de la productividad.

De acuerdo con el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, “la suma de una inflación esperada para 2022 de 12,3% y un estimativo de crecimiento de la productividad total de los factores de 1,2% indican que técnicamente el salario mínimo debería aumentar un 13,5%”.

Por eso, Fedesarrollo propuso cuatro consideraciones:

1) La desaceleración del crecimiento económico pasará de 7,7% en 2022 a 1,5% en 2023.

2) La alta incidencia de la informalidad laboral en el total nacional, cerca del 60% de los ocupados.

3) La alta tasa de desempleo que, a pesar de un crecimiento económico, continúa en promedio en 11%.

4) Cerca de la mitad de los ocupados en Colombia tienen ingresos inferiores a un salario mínimo.

“Aumentos del salario mínimo superiores al sugerido por la regla de inflación causada y productividad pueden generar presiones adicionales al alza en la inflación del próximo año, puesto que una buena parte de esos aumentos en exceso podrían ser trasladados a los consumidores vía mayores precios de los bienes finales”, sostuvo Mejía.

El salario mínimo es una referencia para la conformación de otros precios. Tiene efectos en el costo de vida y en las empresa.
Pensionados, desempleados e informales

La Confederación de Pensionados de Colombia también presentó su porcentaje para el aumento del salario mínimo. Su presidente, José Antonio Forero, sostuvo que el reajuste del valor no debe estar por debajo del 17%.

“Nosotros como pensionados hemos dejado en la mesa de la ministra y de unos miembros del comité que consideramos que el aumento del salario mínimo para el año entrante no debe ser inferior a un 17%”, señaló Forero.

Para él, lo importante es recuperar el poder adquisitivo de lo que reciben los trabajadores y los pensionados.

En entrevista con Bloomberg, Ana Fernanda Maiguashca, excodirectora del Banco de la República y presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), afirmó que es necesario que se incluya en la mesa de concertación las voces de los desempleados y trabajadores informales.

“Creemos que debe haber una opinión, posiblemente de representantes de la academia o de tanques de pensamiento, que represente la voz de los desempleados e informales. Cuando se sienta esa mesa están el Gobierno, las empresas y los empleados, pero ¿dónde están los desempleados y los informales? Que cada vez que se eleva el salario mínimo enfrentan peores condiciones de contratación formal. Tenemos que dar el primer paso para que alguien defienda al más pobre de los pobres”, dijo Maiguashca para Bloomberg.

Qué dicen los empresarios

Aliadas, la alianza de 39 gremios y asociaciones empresariales, que agrupa a 7.000 empresas, advirtió que un alza desproporcionada del salario afectaría la productividad de las empresas, expulsaría de la formalidad a muchos trabajadores y aumentaría la informalidad. Por eso, expuso cinco puntos para tener en cuenta:

1. Un contexto macroeconómico complicado tanto externo como interno, con inflación alta, tasas de interés en aumento y temores de una recesión mundial, combinado con una perspectiva de crecimiento del país entre 0% y 2%, devaluación del peso, entre otros.

2. La existencia de diferentes estructuras de costos entre los sectores económicos. La afectación en aquellos en que la participación de la mano de obra en sus actividades es relevante en sus costos operativos son precisamente los mayores generadores de empleo.

3. Existen proyectos de ley en el Congreso que reducen la jornada diurna a las seis de la tarde, también se aumenta el recargo de dominicales y festivos a un 100%, lo que impactaría directamente los costos laborales, de ser aprobados.

4. Otros elementos determinantes de la economía establecen sus aumentos según el incremento del salario mínimo. Entre ellos están: servicios, seguros, trámites, multas, entre otros, lo cual contribuiría a expandir la inflación y podría golpear el crecimiento de la economía en los primeros meses del año, afectando la salud financiera de las empresas.

5. Un incremento del salario mínimo superior a la inflación generará brechas entre el mercado formal e informal de trabajo porque será más costoso contratar mano de obra y, seguramente, hará más difícil disminuir la informalidad laboral.

“Menos trabajo formal requerirá de un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno en salud y en pensiones, para atender a los informales en el régimen subsidiado, y en el largo plazo a los que no lograron cotizar para obtener su pensión”, puntualizó Aliadas.

Lea: Hasta el 15 de diciembre, Gobierno, empresarios y sindicatos tienen plazo para acordar el salario mínimo del 2023

Qué dicen los sindicatos

Se esperaba que los sindicatos y las centrales presentaran en la primera reunión su propuesta formal para el ajuste del salario mínimo, pero no fue así. Explicaron que aún no es el momento de lanzarla, pues dependerá este año de estudios más conservadores sobre inflación, dólar y mercado laboral.

Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que “necesitamos conocer datos aún pendientes, por ejemplo, cómo estará la inflación de octubre, que nos puede dar una visión más clara del cierre del año”.

Sin embargo, pese a que las centrales no definen su propuesta, la semana pasada se conoció que hay algunos líderes sindicalistas que buscan apuntarle al 20% como base de inicio.

Los servicios indexados al salario

Para Anif, resulta preocupante que el salario mínimo sea la métrica con la que se determine la cotización mínima al sistema contributivo de Seguridad Social, pues esto sentencia prácticamente a la mitad de la población ocupada a escoger entre quedar menos protegidos o a pagar un costo muy alto en comparación con sus ingresos para ser parte del sistema.

“El salario mínimo funciona como indexador de precios en dinámicas que pueden resultar contraproducentes. Si bien el Ministerio de Hacienda ha hecho anuncios positivos en este frente, algunos temas preocupan en caso de permanecer inalterados”, recalcó Rodríguez.

Por ejemplo: el precio de la Vivienda de Interés Social y Prioritaria se expresa en número de salarios mínimos, “por lo que cada vez se limita más el acceso a poblaciones más vulnerables”. Asimismo, las pensiones de un salario mínimo crecen con el incremento del mínimo, mientras que las pensiones mayores crecen con el IPC. Por último, las multas y sanciones también se indexan con el salario mínimo y, por tanto, se hacen cada vez más costosas en términos reales.

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Miguel Orlando Alguero

Periodista económico en Vanguardia. Magíster en Estudios Políticos, de la Universidad de Caldas. Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. De La Guajira.

@MiguelOrlandoAM

malguero@vanguardia.com

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