viernes 14 de diciembre de 2018 - 12:01 AM

Los contrastes de la Ley de Financiamiento

El Gobierno Nacional asegura que si bien no se llegará a los $14 billones del recaudo esperado con la iniciativa económica, esperan lograr un poco más de la mitad de este monto.

La Ley de Financiamiento sigue generando controversia, mientras la duda se mantiene si se cumplirán los objetivos de recaudo del Gobierno Nacional para el Presupuesto Nacional del 2019.

Mientras que José Andrés Romero, director de la Dian, asegura que el articulado permitirá recaudar más impuestos y lograr posicionar a Colombia como un destino atractivo para los inversionistas extranjeros, por medio de exenciones tributarias; para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, los ingresos tributarios del Gobierno caerán a partir de 2021 con el proyecto de ley de financiamiento que se analiza actualmente en el Congreso.

“La visión debe ser de mediano plazo. De cómo está ley va a garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de la regla fiscal, lo que nos da credibilidad frente a los mercados internacionales y las calificadores. Según nuestros análisis, los ingresos van a caer en 2021 y 2022 producto de esta reforma porque lo que se plantea del lado de las exenciones de las empresas no compensa con una mayor tributación de los impuestos indirectos y a las personas naturales. Hay un desfase que genera un hueco de alrededor 0,3% del PIB”, explica Mejía.

Además, el director de Fedesarrollo resalta que el proyecto tiene un espíritu de progresividad en la tributación al gravar más a las personas naturales que tienen mayor capacidad.

Sin embargo, resaltó que se debería iniciar la discusión de ampliar la base gravable.

El directivo considera pertinente la disminución de la tarifa gradual de renta en las empresas, el régimen de tributación simple y la deducción del IVA pagado por maquinaria y equipo. “Cuesta mucho dinero, 0,6% del PIB, pero es importante para jalonar la inversión”, dijo Mejía.nalmente, Romero enfatiza que se presentó un presupuesto desbalanceado y se debe pasar una ley que ayude a encontrar esos los recursos faltantes, pues “el gobierno considera que no es conveniente recortar gasto en proyectos sociales porque son estos los que ayudan a que el país crezca”.

No obstante, Carlos Felipe Córdoba, Contralor general de la República señala que la iniciativa debería buscar opciones de recaudo menos costosas económica y socialmente. “Se necesita mayor progresividad para disminuir el índice de inequidad”.

Más del presupuesto

Carlos Felipe Córdoba, Contralor general de la República, precisa que se requieren mucho más que esos $14 billones faltantes del Presupuesto de 2019 y estimó que el faltante en indemnización administrativa se acerca a $34,5 billones.

“Solo para la reforma rural, la Misión para la Transformación del Campo estimó que en inversiones nuevas para el desarrollo del campo se requieren $9,2 billones adicionales por año. Además, en el caso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que terminaría en 2021, la política de indemnización administrativa es la que hoy demanda más recursos. El faltante en este caso se estima en cerca de $34,5 billones, es decir, $3,45 billones anuales”, manifestó el Contralor.

Nuevos recursos

El Ministerio de Hacienda informó que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público dio concepto favorable al Gobierno Nacional para suscribir créditos externos hasta por US$350 millones, para realizar las negociaciones de endeudamiento externo con los bancos multilaterales hasta por US$226 millones, con el objetivo de financiar el presupuesto general de la nación de 2019.

“Del total de recursos autorizados para contratar, US$350 millones se negociaron con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y se otorgaron en reconocimiento de este organismo y del Gobierno de Corea a las acciones de política implementadas por el país en materia de conectividad y economía digital”, indicó el ministerio.

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