Además de la disminución progresiva de la jornada laboral, la Ley dispone que no se podrán disminuir salarios y que aplicará para trabajadores del sector público y privado.
Según la nueva Ley que reduce la jornada laboral semanal, en Colombia ya no se deberá trabajar 48 horas a la semana, sino 42 horas, las cuales se distribuirán entre cinco y seis días a la semana.
Según la norma, se aplicará de manera gradual durante los próximos cinco años, iniciando en el 2023 hasta el 2026 (ver gráfica).
Según argumentó Álvaro Uribe, uno de los autores de la actual ley cuando era senador por el Centro Democrático, este proyecto se creó como “una medida para crear un ambiente laboral más fraterno en Colombia y de mejor calidad de vida”.
No obstante, para el sector empresarial es una iniciativa que estimula la informalidad, eleva los costos laborales de contratación, genera cargas excesivas a las nóminas de las empresas y desincentivará la generación de nuevos puestos de trabajo.
“Este es un proyecto de ley que fue pensado en un país que no es el de hoy. Las circunstancias que rodean su aprobación son sustancial y dramáticamente distintas luego de una pandemia, protestas, bloqueos y vandalismo que dejaron a Colombia en una difícil situación económica y así nos digan que su implementación será escalonada, es un durísimo golpe al reemprendimiento y la reactivación, que de seguro va a tomar varios años y traerá como consecuencia una mayor informalidad laboral”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Costos y productividad
Para los empresarios, la Ley aumentará la informalidad, que hoy es superior al 56%, aumentará los costos empresariales en un 14% y Colombia será un país menos atractivo para la inversión extranjera.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reconoce la intención de la Ley. Sin embargo, reitera que la norma puede llevar a que se pierdan cerca de 500.000 puestos de trabajo.
“Es muy probable que esto conduzca a que se pierdan cerca de 500.000 puestos de trabajo, porque el país tiene que ser competitivo para generar empleo. Se tendrán problemas en el sector comercio, turismo, salud y ‘call center’. También se ha calculado que la reducción de cada hora de la jornada generará 80.000 empleos menos por la falta de oportunidades de ser atractivos de la inversión”, precisó Mac Master.
Así mismo, los empresarios consideran que esto incidirá en utilizar turnos y jornadas nocturnas adicionales.
“Nosotros con la ley estamos sumamente preocupados, vemos un Congreso que no es coherente con las circunstancias actuales. Por un lado, el impacto de la pandemia que no se ha superado, y por otro, las manifestaciones de inconformidad social que generan bloqueos, ambas circunstancias han incidido en una estructura de costos más grande. (...) Adicional, somos un país de baja productividad, tenemos un índice de desempleo alto y un nivel de informalidad mayor del 60%, con gran concentración en las micro, y esto va a incidir en que se tengan que utilizar turnos y jornadas nocturnas adicionales, esto aumentará el costo, se calcula que en un 14%. Independientemente de la gradualidad, el impacto será el mismo, esperemos que no genere más desempleo ni desincentive todo el esfuerzo que el sector empresarial está asumiendo en pérdidas representativas por responsabilidad social y económica”, advirtió Rosmery Quintero, presidenta de Acopi.
Para Cabal, en sectores como comercio, turismo, servicios y economía naranja, que funcionan en horas nocturnas y fines de semana, esto implicaría un incremento aproximado del 20% en los costos laborales. “No es posible reemplazar con productividad esas horas en sectores que tienen necesariamente que trabajarlas”.
Además de la disminución progresiva de la jornada laboral, la Ley dispone que no se podrán disminuir salarios y se aplicará tanto para trabajadores del sector público como del privado.
Según la nueva Ley que reduce la jornada laboral semanal, en Colombia ya no se deberá trabajar 48 horas a la semana, sino 42 horas, las cuales se distribuirán entre cinco y seis días a la semana.
Según la norma, se aplicará de manera gradual durante los próximos cinco años, iniciando en el 2023 hasta el 2026 (ver gráfica).
Según argumentó Álvaro Uribe, uno de los autores de la actual ley cuando era senador por el Centro Democrático, este proyecto se creó como “una medida para crear un ambiente laboral más fraterno en Colombia y de mejor calidad de vida”.
No obstante, para el sector empresarial es una iniciativa que estimula la informalidad, eleva los costos laborales de contratación, genera cargas excesivas a las nóminas de las empresas y desincentivará la generación de nuevos puestos de trabajo.
“Este es un proyecto de ley que fue pensado en un país que no es el de hoy. Las circunstancias que rodean su aprobación son sustancial y dramáticamente distintas luego de una pandemia, protestas, bloqueos y vandalismo que dejaron a Colombia en una difícil situación económica y así nos digan que su implementación será escalonada, es un durísimo golpe al reemprendimiento y la reactivación, que de seguro va a tomar varios años y traerá como consecuencia una mayor informalidad laboral”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Costos y productividad
Para los empresarios, la Ley aumentará la informalidad, que hoy es superior al 56%, aumentará los costos empresariales en un 14% y Colombia será un país menos atractivo para la inversión extranjera.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reconoce la intensión de la Ley. Sin embargo, reitera que la norma puede llevar a que se pierdan cerca de 500.000 puestos de trabajo.
“Es muy probable que esto conduzca a que se pierdan cerca de 500.000 puestos de trabajo, porque el país tiene que ser competitivo para generar empleo. Se tendrán problemas en el sector comercio, turismo, salud y ‘call center’. También se ha calculado que la reducción de cada hora de la jornada generará 80.000 empleos menos por la falta de oportunidades de ser atractivos de la inversión”, precisó Mac Master.
Así mismo, los empresarios consideran que esto incidirá en utilizar turnos y jornadas nocturnas adicionales.
“Nosotros con la ley estamos sumamente preocupados, vemos un Congreso que no es coherente con las circunstancias actuales. Por un lado, el impacto de la pandemia que no se ha superado, y por otro, las manifestaciones de inconformidad social que generan bloqueos, ambas circunstancias han incidido en una estructura de costos más grande. (...) Adicional, somos un país de baja productividad, tenemos un índice de desempleo alto y un nivel de informalidad mayor del 60%, con gran concentración en las micro, y esto va a incidir en que se tengan que utilizar turnos y jornadas nocturnas adicionales, esto aumentará el costo, se calcula que en un 14%. Independientemente de la gradualidad, el impacto será el mismo, esperemos que no genere más desempleo ni desincentive todo el esfuerzo que el sector empresarial está asumiendo en pérdidas representativas por responsabilidad social y económica”, advirtió Rosmery Quintero, presidenta de Acopi.
Para Cabal, en sectores como comercio, turismo, servicios y economía naranja, que funcionan en horas nocturnas y fines de semana, esto implicaría un incremento aproximado del 20% en los costos laborales. “No es posible reemplazar con productividad esas horas en sectores que tienen necesariamente que trabajarlas”.
Además de la disminución progresiva de la jornada laboral, la Ley dispone que no se podrán disminuir salarios y se aplicará tanto para trabajadores del sector público como del privado.
