Petro propone acabar el ‘gota a gota’ con un “sistema público de crédito”

El presidente Gustavo Petro propuso crear “un sistema de crédito público barato” con el propósito de enfrentar y acabar con el llamado ‘gota a gota’, que son préstamos informales ofrecidos por personas particulares o grupos ilegales y se caracterizan por el cobro de intereses que exceden el margen legal aprobado por la Superintendencia Financiera.

Ya desde el Congreso de Asobancaria, el mandatario les había dicho a los banqueros que ellos no llegaban a las economías populares y ese vacío lo estaban cubriendo con los ‘gota a gota’.

Esta vez, se pronunció frente a este tema en el congreso de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), celebrado en Barranquilla.

Allí apuntó que la entidad que debería emitir esos créditos orientados a los hogares y pequeños negocios debería ser el Banco Agrario, que entre otras cosas es la única entidad financiera pública del país.

“El ‘gota a gota’ tiene que desaparecer de la economía popular y tiene que ser remplazado por un sistema de crédito cooperativo, digital, si se quiere, pero también público: una banca nacional de desarrollo, porque el desarrollo está en la economía popular”, apuntó Petro.

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Análisis

“¿Que no se puede? El Banco Agrario existe y se puede desarrollar también como banco de fomento de la economía popular urbana de Colombia: un megabanco, es decir, el banco más grande de Colombia. Volvería a ser el Banco Agrario Popular. Nosotros estamos decididos a que la economía popular tenga crédito, que sería más barato, a pesar de la subida de las tasas de interés del Banco de la República”, añadió.

Julio César Iglesias, analista financiero y de mercados, explicó que uno de los riesgos que puede existir en esta propuesta es el cambio de los criterios técnicos que utiliza la banca para otorgar créditos y remplazarlos por consideraciones políticas.

“¿Eso qué significa? Un banco privado intenta mantener su rentabilidad entregando créditos a quienes tienen capacidad de pago, un banco del Estado no tendría ese incentivo de rentabilidad”.

“Esos criterios del banco público —añadió— podrían ser clientelistas y burocráticos. Cualesquiera que sean esos intereses, no consideran la capacidad de pago y eso hace que haya un riesgo muy alto de impago y que por lo tanto, el banco estatal incurra en pérdidas. Y esas pérdidas en un banco estatal las asumen principalmente los contribuyentes, no tanto los depositantes y los ahorradores, como en un banco normal”.