La Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas CABA, le solicitó al Gobierno Nacional la suspensión y modificación de la Resolución 3098 de 2018, por la cual se expide la certificación del precio de venta de licores para el 2019 en el país.
En una carta dirigida al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el gremio le solicitó suspender los efectos de esa resolución, ya que esa certificación de precios está generando una desigualdad en el mercado y una incertidumbre para la industria.
“En revisión y análisis de la nueva certificación expedida por el Dane, encontramos que la base gravable definida para el cálculo del impuesto, a nuestro juicio, no consideró la realidad de la industria y las complejidades del mercado como la ilegalidad, falsificación y adulteración de bebidas alcohólicas, aspectos cruciales para la definición real de los precios, situación que nos está generando un desequilibrio en el mercado y una enorme incertidumbre jurídica para la industria en general”, indicó Beatriz Jaramillo, presidenta de CABA.
En la resolución se encontró que en la mayoría de productos se registraron incrementos que van desde el 50 % y, en algunos casos, superan el 400 %, lo cual podría generar que los consumidores queden expuestos al mercado ilegal, en donde ponen en riesgo su salud con productos adulterados, falsificados y de contrabando.
En ese sentido, CABA explicó que el aumento de los impuestos de los vinos y licores, entre otros factores, conllevó a que el país aumentara sus cifras de consumo ilegal de alcohol, lo que coadyuvó a una disminución en el recaudo por este concepto de 647 millones de dólares, sin contemplar las pérdidas de la industria legal.
“Preocupa que cada año se expide una base gravable, utilizando una metodología diferente a la del año anterior, tratando de ajustarse a lo descrito en la ley y a las necesidades de los departamentos. Desafortunadamente las preocupaciones de la industria no han sido tenidas en cuenta y por lo cual persiste la incertidumbre respecto al cálculo de la base gravable, que sigue siendo incierto y sujeto a modificaciones según los intereses de los actores involucrados”, argumentó Jaramillo.
Asimismo, aseguró que las metodologías aplicadas demuestran inexperiencia y falta de conocimiento del funcionamiento de la industria, de la realidad del mercado y de la problemática del mercado ilegal, que continúa creciendo desmedidamente en el país.
“Solicitamos la suspensión inmediata de la Resolución 3098 de 2018 y la modificación de la certificación de los precios publicada, así como una reunión urgente con el director del DANE en una mesa de trabajo conjunta con la industria en general, representantes de los departamentos, la Federación de departamentos y el Gobierno nacional que permita analizar soluciones que den cumplimiento a la ley sin detrimento de ninguno de los actores”, puntualizó la dirigente gremial.
