viernes 25 de septiembre de 2020 - 12:00 AM

¿Qué viene sin el decreto que permite salvar las empresas?

Entre las condiciones que ponía el mandato presidencial estaba que cuando la Nación recibiera participaciones minoritarias podía exigir que sus accionistas comprarán su participación dentro de un plazo determinado.
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Con el decreto 811 de 2020, el Gobierno Nacional podía ayudar a las empresas que estaban en riesgo de insolvencia durante el Estado de Emergencia que se dictó por la pandemia de COVID-19. Pero, además, el Estado luego podía enajenarlas, es decir, volver a venderlas.

Sin embargo, para la Corte Constitucional el decreto “no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica”, razón por la cual lo declaró inexequible.

En principio el decreto se pensó como una forma de ayudar a empresas que tuviesen dificultades en medio de la pandemia, y el Estado podía volverse socio para darle liquidez y que pudieran continuar. Posteriormente, cuando era socio minoritario podía exigirles a los mayoritarios que compraran sus acciones y así dejar de ser inversionista. “Es decir, sería socio temporalmente, con el fin de que las compañías recibieran dinero para continuar en actividad, pero en determinado plazo saliera”, explicó Javier Francisco Franco Mongua, abogado magister en Derecho Económico.

Además, entre las adquisiciones y posteriores enajenaciones no hay relación con lo contenido en el artículo 60 de la Constitución Política (sobre privatizaciones), sino que son un régimen especial, “parte de la estrategia adoptada por la Nación para enfrentar el desafío extraordinario que surgió para la economía colombiana con ocasión de la pandemia”.

“Esta es la justificación central cuando se pretende privatizar los activos de la nación. Siempre se invoca dificultades fiscales y la necesidad de liberar recursos para orientarlos a nuevas prioridades como la inversión social, la construcción de infraestructura o la seguridad ciudadana”, indicaron en la justificación del texto.

Ayudas para quiénes

Sin duda, para muchos analistas y la oposición, el decreto buscaba llevar a la privatización de las empresas, además de ‘lanzar un salvavidas’ a Avianca con el préstamo por US$370 millones recursos que se cargarían al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Sin embargo, hay que recordar que este crédito se encuentra suspendido por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Había una discusión porque para algunos esta era una forma en que se podía privatizar. Sin embargo, el tema de fondo sigue siendo una visión sobre el papel del Estado en la economía. Para algunos, debería ser un agente económico e interventor, y otros pensamos que debe ser el de facilitar que el sector privado pueda funcionar, sin restricciones o regulaciones excesivas. No creemos que la Nación debe ser un socio de las empresas”, afirmó Franco Mongua.

Para el abogado magister en Derecho Económico, cuál es el criterio que tiene el Gobierno para salvar las empresas que se han declarado en quiebra en el marco de la Emergencia Económica y Social o si terminará favoreciendo a las industrias cercanas a los amigos del Gobierno.

“No es conveniente que el estado entre con su dinero (del recaudo de impuestos de los ciudadanos) para enviarlo a sectores que no se tiene claridad qué tan eficiente puede ser. Lo mejor es reducir el gasto público y hacer Estado menos costoso, más eficiente y que se tenga que cobrar menos impuesto, dinero que pueden utilizar para tener liquidez para el funcionamiento”, puntualizó Franco Mongua.

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