Desde hace muchos años se han hecho esfuerzos, aunque poco exitosos, de recuperar el inmenso potencial del río Magdalena, tanto para la seguridad nacional, como para el transporte de pasajeros, el turismo o la exportación e importación de toda clase de productos.
Nacional
Tributaria pondría una alta carga fiscal al sector hidrocarburos, lo que pondría en riesgo varios proyectos: ACP
- Suministrada / VANGUARDIA
En relación con la propuesta de reforma tributaria, que radicó el Gobierno nacional ante el Congreso de la República, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), presentó un comunicado en el que advierte las consecuencias para el sector de los hidrocarburos en el país.
La ACP, en el documento, dice que comparte el objetivo del Gobierno de reducir la pobreza y la inequidad, y contribuir a la gestión del cambio climático y al desarrollo sostenible, bajo una transición energética, económica y productiva.
Asimismo, el gremio señala que está de acuerdo con la necesidad de una reforma tributaria que contribuya al recaudo de nuevos recursos fiscales, en especial si estos se dirigen a programas ambiciosos de reforestación y reducción del hambre y construcción de paz a través de proyectos agrícolas y pecuarios en las regiones donde la industria opera, contribuyendo además a la diversificación económica de esos territorios.
“El sector de hidrocarburos ha sido y es uno de los grandes contribuyentes del país; una fuente determinante de divisas y de ingresos públicos a nivel nacional y regional, apalancando iniciativas estratégicas de desarrollo económico, social y ambiental. En ese marco, la Asociación considera fundamental que la reforma en estudio no afecte la viabilidad de la industria, pública y privada, de la inversión y de la competitividad”, afirma el gremio en el comunicado.
A la ACP le preocupa el impacto de la reforma, dado que la carga fiscal del sector llegaría hasta el 80%, lo que comprometería la viabilidad de proyectos de Exploración y Producción (E&P), incluidos contratos existentes que requieren de inversión, sin perjuicio de la necesaria para una transición integral; vale la pena resaltar que las empresas privadas son responsables del 70 por ciento de la exploración ejecutada, afirma el gremio.
“Una disminución en la inversión y la cancelación de proyectos de E&P pondría en riesgo no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y contar con precios razonables para los hogares, particularmente en gas y electricidad, sino que impactaría el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos, yendo en contravía al espíritu de la reforma”, advierte la ACP.
El gremio, en su comunicado, reitera su disposición para continuar el diálogo con el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, con el Congreso de la República, y la ministra de Minas y Energía.
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