Seis años permaneció archivado en una gaveta de la Fiscalía el proceso por la desaparición de un hombre de 32 años. Cuando la familia se acercó a preguntar por el proceso, la respuesta fue tajante por parte del funcionario judicial:
Publicado por: Juan Carlos Gutiérrez T
- Sigue quieto por falta de pruebas. Su familia, que no se resignó, decidió entonces hacer su investigación. Hermanos de la víctima recorrieron la carretera donde por última vez lo vieron en su vehículo cuando se movilizaba entre dos municipios de Santander.Con una foto trataron de seguirle los pasos. Al principio nadie habló, pero su persistencia hizo que llegaran a un caserío. Allí un individuo aseguró tener información del lugar donde el Bloque Central Bolívar lo enterró. La familia llevó el dato a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Cuando se realizó la exhumación, el cadáver aún tenía los lazos que sirvieron para atar al hombre de pies y manos. Los restos registraban un alto grado de descomposición. A uno de los hermanos se le tomó una muestra de ADN. De forma preliminar se identificó al cadáver por la morfología del cráneo. Se trataba del familiar desaparecido. Este hogar santandereano descansó. En la actualidad esperan los resultados de los exámenes forenses que confirmen la plena identidad de los restos óseos.Para lograr este hallazgo fueron necesarios dos años de investigación por parte de la familia, un arduo trabajo de exhumación por cuenta de expertos forenses y el pago de un soborno en pesos a un ex combatiente paramilitar. A cambio de dinero este reinsertado de las Autodefensas entregó las coordenadas precisas de dónde fue enterrada la víctima.Pero éste no es el único caso en Santander donde algunos ex combatientes se lucran con la información de masacres y ejecuciones extrajudiciales. Otro caso Un líder de una organización que agrupa a víctimas de la violencia en la región, que por razones de seguridad solicitó omitir su identidad, le aseguró esta semana a Vanguardia Liberal, en una entrevista realizada en la sede de Bucaramanga de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que otra familia santandereana tuvo que pagar una suma de dinero a un desmovilizado de las Autodefensas para que entregara datos sobre el lugar exacto de una fosa.'Ambas familias contactaron a desmovilizados. Ellos pagaron porque querían darle cristiana sepultura a su ser querido. Ellos tenían un duelo congelado. Al encontrar los restos e identificarlos descansaron. El dato de cuánto se pagó no lo puedo decir. No se trata de millones sino de miles de pesos...', aseguró la fuente.La coordinadora general de la Asociación de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en Colombia, Asfaddes, Gloria Gómez, le dijo a Vanguardia Liberal que algunos ex combatientes en el país realizan este tipo de prácticas para obtener dinero.'Se trata de una actitud grotesca y aberrante ante la necesidad de las familias de las víctimas. Los desmovilizados de los grupos armados conocen el lugar donde están enterrados y cobran por la información. Rechazamos esas prácticas que doblemente victimizan a quienes buscan a sus seres queridos', puntualizó. ¿Qué dicen las autoridades? El coordinador de la sede nororiente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, David Augusto Peña Pinzón, aseguró desconocer el soborno que denunciaron las víctimas de grupos paramilitares en Santander. 'No tenemos información. Conocemos que miembros desmovilizados de grupos armados y postulados a la Ley de Justicia y Paz, están entregando datos a las autoridades sobre la ubicación de fosas. La información sobre exhumaciones está a cargo de fiscales de la Unidad de Justicia y Paz', aclaró Peña Pinzón. A su turno, el fiscal Luis González León, jefe nacional de la Unidad de Justicia y Paz, explicó que esta clase de sobornos fueron comunes en regiones que carecían de la presencia de sus fiscales especializados.'Antes de que nosotros asumiéramos el proceso de identificación y exhumación, estas circunstancias pasaban. Se pagaba por la información y hasta la gente realizaba, sin técnica alguna, la exhumación. Por eso montamos un equipo regional en Santander. Las víctimas tienen ahora muy cerca a personas que están dispuestas a brindarles ayuda para encontrar a sus seres queridos...', enfatizó.En Santander, la Unidad de Justicia y Paz adelanta procesos judiciales a 209 ex integrantes del Bloque Central Bolívar que operaron en Santander y el Sur de Bolívar. Estos ex combatientes (llamados postulados a la Ley de Justicia y Paz) tenían rangos desde comandantes hasta patrulleros y se encuentran detenidos en cárceles de Itagüí, Montería, Cúcuta, Girón y Bucaramanga. Las investigaciones están lideradas por la fiscal Luz Marina Avellaneda Rueda, jefe de la Unidad de Justicia y Paz en Santander.A la fecha, los 209 ex paramilitares han enunciado 1.103 hechos delictivos que están en proceso de verificación por parte de la Fiscalía. 'Conductas como hurtos o extorsiones son muy pocas. La mayoría son homicidios y masacres. Hasta hace poco tiempo comenzaron a informar la ubicación de las fosas. Estamos adelantado los procesos para llegar a las víctimas, identificarlas y entregarlas a sus familias', aseguró Avellaneda Rueda.Frente a los sobornos denunciados por las víctimas de los paramilitares en Santander, la fiscal Luz Marina Avellaneda Rueda advirtió que es necesario aclarar la identidad dequién exige el dinero a las familias que buscan a personas desaparecidas.'El desmovilizado que pide dinero a un persona a cambio de información para hallar un fosa, puede perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Quien pida dinero a cambio de información está delinquiendo y debe ser excluido de los beneficios de la ley. Por eso es importante que las familias instauren una denuncia contra quienes les cobran dinero. Se trata de una extorsión que no se puede permitir...', precisó la fiscal Avellaneda Rueda.Sin embargo, el líder de la organización que agrupa a víctimas de la violencia en la región (que denunció estos casos), afirmó que nadie acusará a quienes les entregan información para recuperar a sus seres queridos.'Muchos están dispuestos a pagar con tal de encontrar a sus familiares. En la Fiscalía los procesos marchan lentamente. Otros, sin embargo, tienen temor de hablar ante la presencia de ex combatientes en las regiones donde antes operaban los paramilitares'.Desmovilizados rechazan sobornos Gonzalo Mejía Pico, vocero de la Fundación Semillas de Paz, organización que agrupa a 460 desmovilizados del Bloque Central Bolívar en Santander, rechazó el cobro de sobornos a familiares de víctimas que buscan los cuerpos de sus seres queridos. 'Desconocemos esta clase de soborno y extorsión. Rechazamos estas prácticas y hacemos un llamado para que sean denunciados ante las autoridades. Nosotros hemos venido trabajando con el comandante Julián Bolívar y la Fiscalía para entregar la información de la ubicación de las fosas. Queremos contar la verdad...'.Mejía Pico agregó que en el departamento residen cerca de 1.200 ex combatientes de las Autodefensas, algunos de los cuales trabajan por ingresar a la sociedad de forma productiva, otros se han reincorporado a grupos emergentes, mientras algunos han sido objeto de homicidios.¿Cuántas fosas y víctimas?Los grupos paramilitares contaban en el país con escuelas donde enseñaban técnicas para desmembrar a sus víctimas. En sus cursos de guerra adiestraban sobre las formas de cometer homicidios y en algunos casos, la directriz fue desaparecer los cadáveres para no dejar rastro alguno. Para tal fin los cuerpos eran incinerados o arrojados a los ríos. Santander no fue ajeno. Una de las estrategias de guerra para no dejar rastro de las personas asesinadas consistió en, además de sumergirlos en el río Magdalena, enterrarlos en fosas cercanas a ríos, quebradas o cuerpos de agua, donde las condiciones de terreno favorecían un rápido deterioro.La fiscal Luz Marina Avellaneda Rueda, jefe de la Unidad de Justicia y Paz que investiga en Santander los crímenes del Bloque Central Bolívar, dijo que la información sobre el cronograma de las exhumaciones se maneja con total confidencialidad. 'No podemos dar sitios porque hay mucha gente interesada en cambiar de lugar esos restos óseos...', precisó. Según la Unidad de Justicia y Paz, en Santander han sido objeto de exhumación 33 cadáveres hallados en 28 fosas. De estos cuerpos se han identificado de forma preliminar a diez y se han entregado a sus familiares cuatro restos óseos. 'Tenemos 4.500 víctimas o familiares de víctimas registrados en la Unidad de Justicia y Paz de Santander, pero sabemos que son más. Falta mucha gente. Muchas veces la víctimas no llegan a nosotros y las estamos invitando', precisó la fiscal Avellaneda Rueda. La directora de la Asociación de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en Colombia, Asfaddes, Gloria Gómez, aseguró que en sus registros existen más 30.000 desaparecidos en todo el paísAl respecto, el fiscal Luis González León, jefe nacional de la Unidad de Justicia y Paz, añadió que el número de víctimas enterradas en fosas por los paramilitares 'es indeterminado. Pasan de los miles. Lo único que puedo decir es que las cifras registradas están por debajo de un 50% de la realidad. El país hasta ahora se percata de los muertos de la violencia que tiene sepultados en fosas'.
