Hoy se cumplen 15 años de la tragedia invernal por el desbordamiento del río de Oro que dejó un saldo de 5 mil viviendas destruidas y decenas de miles de damnificados en Girón y Bucaramanga.
Si bien desde entonces se han adelantado varias obras de mitigación y reubicación, en el área metropolitana se estima que todavía hay cerca de 100 barrios con algún tipo de riesgo por inundación.
En este informe especial, Vanguardia presenta un mapa interactivo con información de los principales barrios con riesgo de inundación en el área metropolitana.
Los barrios con mayor riesgo se encuentran en Girón, donde un estudio del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) realizado en 2016 encontró que 7.689 edificaciones están ubicadas en amenaza alta y 1.800 en amenaza media.
En Bucaramanga, por su parte, hay identificados tres sectores urbanizados en zonas inundables, donde están en riesgo unas 11.000 personas: Café Madrid, Puente Nariño y Galán y sus alrededores.
Un total de 310 hectáreas de los barrios se encuentran en amenaza alta y 374 en amenaza media por inundación. Esto equivale a 765 y 923 canchas de fútbol, respectivamente.
La emergencia más reciente, cabe recordar, se dio el pasado 28 de enero en Floridablanca, donde los barrios Santa Coloma, Villa Jardín y Villa Piedra del Sol resultaron afectados por el desbordamiento del río Frío.
En este caso se trata de construcciones legales, que fueron realizadas con licencias y permisos de las autoridades locales y ambientales. Villa Piedra del Sol, por ejemplo, fue una urbanización que fue construida en los años 90 por la Alcaldía de Floridablanca para los empleados de la Administración Municipal.
Según habitantes y expertos consultados por Vanguardia, fue una emergencia que se hubiera podido evitar si se hubieran hecho a tiempo las inversiones de mitigación o reubicación.
En el mapa interactivo podrá ver las zonas de Bucaramanga y su área en donde hay una alta probabilidad de que ocurran fenómenos de inundación en los próximos años.
Además, presentamos historias de sobrevivientes de la ola invernal de 2005 y de personas que a pesar de conocer el riesgo en el que viven insisten en vivir cerca de las riberas de los ríos Frío y Oro.
En 2016, el Área Metropolitana de Bucaramanga realizó el estudio ‘Zonas inundables’ con el que revisó la probabilidad de que los barrios ubicados cerca de los ríos del área puedan inundarse en periodos de retorno desde los 2 hasta los 500 años.
Entonces, se encontró que en 102 barrios del área es probable que en algún momento, durante los próximos 500 años, exista una inundación. ¿De qué proporciones? Eso depende del barrio, del tiempo de retorno del cuerpo hídrico y de la dureza con la que pueda registrarse el aumento en el caudal de los ríos.
Según Helbert Panqueva, abogado de la AMB, los estudios de aislación y de riesgo de inundación apuntan que el municipio de Girón puede inundarse en un 70%.
Vanguardia le presenta un mapa con 50 de los principales barrios del área en los que puede ocurrir una afectación por inundación. El riesgo puede variar dependiendo de la vulnerabilidad de la zona y la calidad en las construcciones.
En cada sector encontrará un cuadro con los porcentajes que se verían afectados de cada barrio de acuerdo al periodo de retorno.
Vanguardia se comunicó con las alcaldías del área metropolitana y particularmente con la de Girón, para conocer qué obras de mitigación o reubicación se han hecho desde 2016.
A la fecha no tenemos esa información y por ello los datos consignados en el mapa están con corte a ese año.
Dos historias con finales distintos
Ella aún vive en el improvisado rancho de tablas y de latas que habilitó después de que la avalancha destruyera su otrora casa; él, por su parte, reside hoy en una casa firme y confortable, la misma que logró sacar adelante gracias a los aportes solidarios y al esfuerzo de su propia familia.
Ambos, María Isabel Pedraza y Omar Enrique Díaz, hacen parte de la lista de personas que perdieron sus moradas tras la tragedia de la avalancha del Río de Oro, ocurrida el fatídico 12 de febrero de 2005.
En ese entonces llovió sin parar entre las 8:00 p.m. del sábado y las 10:00 a.m. del día siguiente, el referido 12 de febrero. El desbordamiento del Río de Oro arrasó cinco mil viviendas y docenas de barrios afrontaron deslizamientos. Total: cerca de 30 mil personas quedaron destechadas.
Pero las estadísticas fueron solo el comienzo de un viacrucis que mantuvo a muchos afectados viviendo en la absoluta miseria y en medio de un clima de desesperanza que, a decir verdad, no ha amainado del todo.
La gran mayoría de damnificados de la avalancha del río de Oro fueron reubicados y les dieron vivienda en la Ciudadela Nuevo Girón y Villas de San Ignacio.
Ninguno de los hogares afectados volvió a dormir tranquilo y, según cuentan, se persignan cada vez que ven que las nubes se tornan grises.
La causa de aquella pesadilla fue la misma para todos: la ola invernal. Sin embargo los desenlaces de este terrible episodio fueron muy distintos para muchos de los afectados.
Quince años después de la avalancha de tal afluente, varios damnificados aún padecen los estragos de la tragedia. Otros, luego de un largo proceso de trámites, lograron un techo digno.
Para la muestra los invitados de hoy: Mientras María Isabel sigue a la espera de los subsidios prometidos por el gobierno; Omar Enrique pudo reformar su vivienda e incluso ya le ha hecho varios retoques.
Galán y Convivir son dos barrios que resultaron afectados en 2005. Quince años después, siguen ocupados y habitados a pesar del riesgo.
En síntesis, tras la grave emergencia que desatara el fuerte aguacero de aquella madrugada, habría que decir que no ha dejado de llover para algunos damnificados, mientras que otros por fortuna sí pudieron volver a ver el sol.
La dirigente cívica Lucila Argüello recordó que en el barrio Pantano I, aquella noche fatídica el lodo dejó a 42 familias “pendiendo de un hilo’ y viviendo en un peñasco. Por fortuna, aquí somos personas de Dios y hemos logrado sacar adelante nuestro barrio”.
De acuerdo con José Parra Briceño, un dirigente popular que fue parte activa en los procesos solidarios que se vivieron tras la fuerte emergencia, “aunque han pasado 15 años de sucedida esa lamentable avalancha, muchas familias no se recuperan de sus afectaciones, pues muchos perdieron seres queridos”.
Recordó que “miles de familias perdieron sus viviendas y ante la falta de banco de tierras en Bucaramanga, aún esperan que el Estado les cumpla tantas promesas dadas”.
Otros proyectos de vivienda desarrollados en Bucaramanga en los últimos 15 años han sido Tiburones Club, Campo Madrid, Altos de Betania y La Inmaculada.
“En su gran mayoría, estas familias pasaron a formar parte de los grupos poblacionales que conforman los cinturones de miseria del Área Metropolitana, en sectores de total indignidad humana, pues carecen de todo”, puntualizó.
“Sin apoyo oficial”
María Isabel Pedraza todavía reside en la entrada del Pantano I, uno de los barrios de la Comuna 5 de Bucaramanga, que padeció los estragos de la ola invernal del 12 de febrero de 2005. Se aloja en el mismo rancho, de tablas y latas, que habilitó junto a su esposo, Eduardo Caballero, tras el ‘horrible nubarrón’.
María Isabel Pedraza, damnificada por la ola invernal de 2005, todavía vive en un rancho que construyera junto a su esposo. ¡Sigue esperando el apoyo del gobierno!
Denuncia que “nada se ha recibido del gobierno”. Junto a su pareja ha optado por permanecer en el mismo lugar y no pierde la esperanza de una ayuda oficial: “De alguna manera hemos podido sobrellevar las dificultades a punta de trabajo. Sin embargo, tanto la falta apoyo estatal como el abandono de los gobiernos de turno nos tienen a la deriva, 15 años después. Por nuestra condición de damnificados nunca recibimos nada”.
“Yo sí pude salir adelante”
La historia de Omar Enrique Díaz, damnificado de la ola invernal, es esperanzadora. Él, después de mucho esfuerzo y gracias a los subsidios que entregara el gobierno en la época de la tragedia, adquirió una vivienda.
El predio que tenía antes de la inundación quedaba en la carrera 8W No. 34-53. Allí no queda vestigio de su morada. Sin embargo, tras el apoyo oficial, se pasó a vivir a la carrera 10 peatonal 2, casa 17, del barrio Betania.
Omar Enrique Díaz, otro damnificado de aquel 12 de febrero de 2015 y quien perdió su vivienda por un derrumbe, hoy cuenta con mejor suerte. Reside en su nuevo hogar, construido en el barrio Betania.
Su casa, de dos pisos, comenzó a construirse dos años después de la tragedia y fue inaugurada en 2008. Omar Enrique vivió un interesante proceso de transformación, pues poco a poco fue remodelando su nuevo hogar y hoy da fe de que, al menos para él, “el aguacero es cosa del pasado”.
En la entrada hay una amplia cama, junta a ella, una cama infantil y una cuna cubierta con un mosquitero. Al lado derecho, una cocineta y al fondo, el baño. Por el frente, una calle de tierra y al otro lado, el río Suratá.
Este es el hogar de Jaqueline Hernández, quien desde hace 24 años vive en el sector de La Playa del barrio Café Madrid. En esa zona del norte de la ciudad, al borde del río, ha sido testigo en dos ocasiones de la fuerza de su cauce.
Los habitantes de los asentamientos que están al lado del río de Oro deben vivir diariamente con los fuertes olores porque este río recibe las aguas negras de Bucaramanga y Girón.
En el 2005, con tan solo nueve años, tuvo que salir corriendo descalza hacia la planta de Bavaria, ubicada aproximadamente a 750 metros de su casa. Aquellos días de febrero se desató una de las olas invernales más fuertes que vivió la ciudad, con cerca de 5 mil familias afectadas, especialmente en las orillas del río de Oro.
Ella recuerda que ese día veía como el río iba subiendo y arrastraba ‘ranchitos’ que quedaban a unas casas de donde estaba y que el agua alcanzó a sobrepasar el primer nivel de la vivienda de su tía.
Además, expresa que el puente que tiempos atrás era parte de las antiguas vías férreas, se vio alcanzado por las crecientes, pues ese punto une al Río de Oro con el Río Suratá.
Cinco años más tarde volvería a vivir otro ‘susto’, pues las fuertes lluvias aumentaron el cauce de la fuente hídrica provocando inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierras. Sin embargo, Hernández afirma que no fue tan fuerte como en 2005, “en la más reciente no se llevó casas”.
Ella es solo una de las 11.000 personas que viven en riesgo de inundación en Bucaramanga, según cifras de la Alcaldía. Y si bien es consciente del riesgo que corre cuando se dan las temporadas de lluvia, ella, como muchos vecinos y amigos, han hecho del río parte de su vida. En las riberas del río encuentran una oportunidad para tener una casa y convivir con sus familias.
A pesar de los deslizamientos, las inundaciones y las crecidas del río por las lluvias, “la necesidad” es la principal razón que los mantiene al filo de la creciente.
Para ella, es importante escuchar al Suratá, porque este ‘avisa’ con el sonido de las piedras las emergencias. Además, entre vecinos se mantienen alertas en las crecientes para evitar pérdidas de vidas humanas.
El río de Oro es su ‘jardín’
Al otro lado de la comuna uno se encuentran Carolina Ascencio y Diana Ardila, quienes desde hace cuatro años viven a la orilla del Río de Oro en el barrio Puente Nariño.
Este asentamiento humano se originó en hace unos ocho años, aproximadamente, justo al lado del terreno donde se construyó el Parque Lineal del Río de Oro, el cual buscaba ser una zona de recreación y evitar que construyeran viviendas al borde de la corriente.
Sin embargo, en la actualidad existen alrededor de 380 viviendas, es decir, aproximadamente 1.900 personas que habitan en zona con riesgo de inundación en Puente Nariño.
Su casa, que es de madera, demoró seis meses en construirse y en sus cimientos se encuentran llantas usadas que tuvieron un valor de 1.000 pesos, las cuales buscan mantenerlas alejadas y seguras del cauce de la corriente. Las láminas de madera que hacen parte de la casa costaron 20.000 pesos y las tejas de zinc que la conforman tienen un precio de 30.000 pesos, aproximadamente.
Ellas cuentan que cuando iniciaron la construcción, una de las lluvias se llevó las llantas: “Una de las emergencias se llevó las primeras llantas que habíamos comprado”, expresa Ascencio. Es así como sacaron piedras del raudal para poner dentro del neumático.
Sin embargo, estos materiales tienen poca duración, pues tras cuatro de años de uso, los palos se pudrieron obligandolas a cambiarlos: “Yo trabajo de feria en feria y con lo que gané qué días me tocó comprar láminas porque los palos ya se pudrieron y tengo goteras”, cuenta Ascencio.
Uno de los ‘sustos’ más recientes lo vivieron el 28 de enero tras las fuertes lluvias, pues se quedaron despiertas a altas horas de la madrugada incapaces de dormir por el fuerte sonido de las piedras que arrastraba el torrente.
La mayoría de personas que habitan la ribera del río son familias que ven en estos lugares la única oportunidad para tener su propio hogar. Una oportunidad que no han podido encontrar en otra parte de la ciudad. Al final del día, afirman, es la única opción que tienen.
Uno de los inconvenientes, según varios expertos consultados por esta redacción, es que durante mucho tiempo no hubo claridad sobre el marco jurídico para definir las fajas paralelas de los cauces de los ríos. Es decir, esas zonas que no deben ser ocupadas para proteger los cuerpos hídricos.
Esto ha llevado a que prácticamente en todos los municipios del país se violen las normas de aislamiento, pues hay personas habitando en esas franjas de protección o, peor aún, en zonas que están dentro de las cotas de inundación.
Según Helbert Panqueva, abogado del AMB, en el área metropolitana de Bucaramanga ningún municipio se salva y en todos hay algún tipo de violación de la norma.
"La urbanización y las obras civiles han obligado a echarle concreto casi hasta el borde del cauce (de la quebrada Zapamanga) para evitar que se desborde": Ana Castellanos, CDMB.
Mientras el Decreto Presidencial 2811 de 1974 y otras normas posteriores establecen que la faja paralela de protección debe ser de al menos 30 metros a lado y lado, a partir de la cota máxima de inundación, en algunas partes del área metropolitana se ha hecho una diferenciación dependiendo del tamaño del cuerpo hídrico, de si hay canalización u obras de mitigación, lo que permite que esa franja en algunos casos sea de 15 metros.
Para ver la infografía completa, deslice de izquierda a derecha. Reproducción de los aislamientos que se deben cumplir en un río, según lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974. Los 30 metros a lado y lado a partir de la cota máxima de inundación equivalen a la distancia de dos buses padrones y dos Chevrolet Spark.
Precisamente, a finales del año pasado, durante el estudio del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de segunda generación de Floridablanca se dio una discusión jurídica entre la Cdmb y el AMB, pues este último defendía la posición de que tenían que ser 30 metros de faja paralela, más una franja de 20 metros para construir en un futuro parques lineales.
Esta disposición, que fue aprobada finalmente en el POT de Floridablanca, afecta a muchas urbanizaciones que se construyeron legalmente, no solo en Santa Coloma y Villa Piedra del Sol, donde ocurrió el 28 de enero de 2020 la emergencia, sino también en algunas zonas de Cañaveral.
"Con las nuevas normas se busca proteger la ronda hídrica, pero donde hay poblaciones humanas, hay obras civiles muy pegadas a los ríos y eso ha generado un impacto negativo": Santiago Duque.
Ana Celina Castellanos, coordinadora de evaluación ambiental de la CDMB, explicó que la distancia de aislamiento depende del orden del cuerpo hídrico (magnitud) y el Plan de Ordenamiento Territorial de cada municipio.
Para ver la infografía completa, deslice de izquierda a derecha. Reproducción de los aislamientos que se deben cumplir en un río, según la versión de que en los casos que hay una canalización, la faja de protección puede ser de sólo 15 metros. Esto equivale a la longitud de un bus padrón y un Chevrolet Spark.
“Están las de orden 1, orden 2, orden 3, acorde a eso y al Plan de Ordenamiento Territorial de cada municipio o esquema de ordenamiento territorial en otras municipalidades es la que dice si es a 10, a 15, a 30, o a 100 metros el aislamiento”, explica Castellanos.
Sin embargo, Santiago Duque, biólogo de la Universidad Nacional y experto en el tema, va mucho más allá, y si bien hasta hace unos años se manejaba la referencia de los 30 metros como distancia mínima de aislamiento, para él no es recomendable establecer esa cifra como una medida global a nivel nacional, pues cada cuerpo hídrico es diferente.
Por ejemplo, si se estudia un río como el Magdalena su área de protección es más grande,“va a tener una ronda hídrica de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros a lado y lado porque esa es la realidad de lo que él inunda”, explica Duque.
Imagen tomada hace unos años del asentamiento Puente Nariño, ubicado al lado del Parque Lineal Río de Oro (entonces aún estaba en construcción) y de Villas de San Ignacio. En la foto se puede ver cómo estos ranchos ocupan la faja paralela de protección de la ronda hídrica del río de Oro.
Según este experto, el Decreto 2245 de 2017 del ministerio de Ambiente da más claridad sobre este tema, pues con este se implementó una guía en la que especifica a las autoridades ambientales los parámetros a seguir para determinar con exactitud la distancia de las rondas. Ya que la distancia puede ser más grande en uno de los dos lados.
Para Duque, la ronda hídrica es un área que pertenece al río por lo tanto debería protegerse: “No debe haber obras civiles allá, no debe haber viviendas, no debe haber cultivos”. Manifiesta que todas la rondas hídricas de Colombia están pobladas y que esto es culpa de la planificación.
Una posición similar tiene Panqueva, quien destacó que las administraciones locales y las autoridades ambientales son responsables de lo que suceda en las rondas hídricas, ya que “las normas ambientales son de mayor jerarquía que las de planeación y ordenamiento territorial”.